Las largas filas de venezolanos a la caza de productos escasos, como carne o leche, se convirtieron en el paisaje habitual del país petrolero sumido en una recesión, agravada por la alta inflación y la caída de los precios del crudo, de donde proviene el grueso de sus ingresos en divisas.
Maduro ordenó en la víspera la detención de los directivos y dueños de una empresa de alimentos por estar inmiscuidos en una supuesta "guerra alimentaria". No obstante, se reservó el nombre de la cadena, lo que generó una ola de especulaciones. Pero ayer, el presidente de la Asamblea Nacional y segundo hombre fuerte del Gobierno, Diosdado Cabello, oficializó la toma temporal de toda la cadena de distribución y comercio de Día a Día, una red de casi 40 supermercados con presencia en las zonas humildes del país.
"En la inspección que hemos hecho, hemos encontrado productos que desde hace mucho tiempo no vemos", dijo Cabello a la televisora estatal, desde el mayor centro de distribución de la red, ubicado en una zona industrial al oeste de Caracas. "Hemos llegado por denuncias de colas de venezolanos en las distintas tiendas", agregó. "Nosotros no perseguimos a nadie, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no asesinamos a nadie. ¿Qué es lo que podemos usar?, la ley, y la ley es dura, pero es la ley", agregó el parlamentario venezolano. El operativo de la cadena de supermercados fue ordenado ayer por el presidente Maduro en el marco de lo que llamó "la operación Sucre", una arremetida contra quienes asegura son la "punta de lanza de la conspiración" económica en su contra.
La ocupación temporal de un activo, según la ley venezolana, puede ser revertida para que éste vuelva a manos de los dueños originales o puede ser el paso previo a una expropiación.
Ayer a la mañana, las tiendas de la red exhibían mostradores vacíos y colas de compradores resguardados por efectivos de la Policía militar. "Si la ocupan o no, si los dueños son del Gobierno o de la oposición, no nos interesa. Lo que nos preocupa es que no haya qué comprar", dijo Gladys Mora, una ama de casa de 53 años, en una pequeña cola de unas 20 personas a las afueras de una tienda de Día a Día, en el centro de Caracas.
Cabello agregó que en la inspección contabilizaron unas 2.500 toneladas de productos escasos, como aceite y harina de maíz, en su mayoría marca Polar, la mayor procesadora de alimentos del país y un continuo objetivo de las críticas del Gobierno, que la acusa de buscar la salida de Maduro.
Los empresarios privados se defienden de estos señalamientos al asegurar que luego de tres lustros de controles de precios y cambio, y olas de intervenciones y expropiaciones, cercenaron la producción local y hacen engorrosa la importación de bienes terminados y materias primas clave. Además, alegan que es virtualmente imposible acaparar productos, ya que el Estado controla las cadenas de distribución y venta a través de unas "guías de movilización" que los organismos gubernamentales deben girar a los privados antes de sacar la producción desde las plantas a los comercios.
Mientras tanto, las autoridades militares del estado andino Táchira resolvieron exigir documentos de identidad y certificados médicos para la compra de pañales descartables y otros productos farmacéuticos para bebés y adultos, y la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) advirtió que la escasez de productos de limpieza podría causar la suspensión de las clases debido a riesgo sanitario.
Además, cinco personas fueron encarceladas en Venezuela por los delitos de acaparamiento y especulación de productos cárnicos en una empresa de la localidad noroccidental de Punto Fijo (estado Falcón), informó ayer el Ministerio Público (MP) en un comunicado.
| Agencias Reuters, EFE, AFP, DPA y ANSA |
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