Magistratura II: admiten déficit de 215 millones

El fondo anticíclico de la Corte Suprema, que asciende a 5.000 millones de pesos de ahorro, volverá a tener un rol clave este año, ya que ayer el administrador del Consejo de la Magistratura admitió un déficit de 215 millones de pesos. Como es habitual, el máximo tribunal girará fondos, especialmente para el pago de sueldos de todo el Poder Judicial. Sin embargo, la reforma judicial aporta vértigo a ese auxilio económico: los fondos de la Corte podrían ser cambiados por bonos del Ministerio de Economía, según la norma que el oficialismo aprobó en el Congreso.

La Comisión de Administración y Financiera del Consejo recibió ayer la visita del subadministrador del cuerpo colegiado, Germán Krieguer, quien detalló la situación de las cuentas del organismo ante las preguntas formuladas por el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales.

Krieguer, quien en realidad es el administrador principal del Consejo (nunca fue nombrado, por eso oficialmente sigue siendo el sub), explicó el déficit y mencionó que ya se acabaron los fondos para pagar los sueldos de toda la Justicia, a excepción de la Corte.

El Poder Judicial recibe el 3,5% de la coparticipación federal. De esos fondos, el 2,9% son para el Consejo y el 0,5% para la Corte. El máximo tribunal tiene mayor capacidad de ahorro porque tiene otros ingresos, como por ejemplo, la tasa de Justicia.

Es habitual que el Consejo se quede corto de fondos, porque los aumentos salariales coincidieron, en los últimos años, con una merma en los ingresos tributarios.

Detalles que fueron explicados por Krieguer, quien al mismo tiempo recordó que el 94% de los fondos del Consejo se destina a salarios.

Los fondos de la Corte concentrarán toda la atención no sólo por la ayuda económica que debe dar al Consejo, sino también por el posible canje que podría utilizar el oficialismo, según la reforma.

Los ministros ya han sostenido, en los acuerdos de los martes, que no consentirían un escenario de este tipo y podrían firmar una acordada administrativa contra el decreto que lo establezca.