Magistratura sigue a prueba

 Las notas que la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Casación Penal giraron al Consejo de la Magistratura con quejas por las demoras en los concursos para nombrar jueces, tuvieron efecto en el cuerpo colegiado. Ayer los jueces Alejandro Sánchez Freytes y Gustavo Recondo distribuyeron un proyecto para nombrar subrogantes a los secretarios. Activar los concursos es prácticamente imposible por este año, al menos así lo entienden tanto oficialistas como opositores.

Semanas atrás el titular de la Casación, Gustavo Hornos, había encargado un informe para conocer el estado de situación de los tribunales orales de la Capital. El resultado fue inquietante: 249 vacantes sobre 750 cargos disponibles.

Estadísticas complicadas y que seguirán apareciendo. Hornos tiene en mente encargar un monitoreo similar en el interior del país, donde hay tribunales que ya están habilitados pero que no tienen jueces y deben ser constantemente subrogados.

Estos datos viajaron rumbo a la Corte y desde allí partieron misivas al Consejo que pasa por uno de los años de menor actividad. Las trabas de los consejeros oficialistas (controlan todas las comisiones) a la gestión hacen prácticamente imposible resolver los concursos ya en marcha con lo cual como alternativa de corto plazo sólo queda la puesta en funcionamiento de un régimen de subrogancias, atribución que tiene el Consejo desde la reforma judicial.

Justamente la idea de Recondo y Sánchez Freytes (ambos jueces de la lista bordó que actualmente controla la Asociación de Magistrados) se enmarca en ese sentido. Pero también esconde una jugada política, que es el guiño hacia los secretarios cuyo voto es decisivo en el gremio de jueces, algo que Recondo sabe por experiencia.

El problema es que el proyecto nada tiene que ver con lo que dispuso la Corte Suprema en el fallo Rosza de 2007, en el cual establece que si no hay jueces aprobados por el Senado para cubrir vacantes se debe convocar a jueces retirados. Es por eso que este sistema ya suma rechazos como es el caso del senador de la UCR Mario Cimadevilla. Por su parte el representante del Poder Ejecutivo Hernán Ordiales ya ha comentado que también prepara un proyecto.

Un detalle no menor: en ciertos ámbitos las subrogancias tendrán más peso que los concursos, como es el caso de la propia Casación Penal, donde actualmente faltan cuatro jueces (por cierto, el camarista Pedro David ya avisó que en breve se jubila) y ni siquiera se ha abierto el concurso. Sólo habría dos soluciones: o una lista de conjueces aprobados por el Senado o este régimen de subrogancias que debe aprobarse en el Consejo.

El cuerpo colegiado podría volver al ruedo la próxima semana si se trata el caso del camarista civil Diego Sánchez, fuertemente enemistado con sus colegas de la Sala D, a quienes insulta en las acordadas, fustiga en los escritos y hasta se permite, en un arrebato artístico, de enviarles notas con el dibujo de una escoba.

No todo es tan humorístico: la Cámara Civil regula los asuntos entre particulares (pensiones, alimentos, desalojos, etc.) con lo cual los inconvenientes en la Sala D ya están generando episodios de violencia de los perjudicados para con los empleados de la Sala.

Sin embargo, el oficialismo no muestra la misma determinación que en el caso del camarista penal Alfredo Barbarosch y, al menos en el caso del diputado Carlos Moreno, no hay intención de ir contra Sánchez.