Malestar judicial por proyecto de fuero de crimen organizado

Alejandra Gils Carbó y Germán Garavano

 En medio del torbellino político por los efectos del Panama Papers, el Gobierno tiró sobre la mesa dos proyectos de ley clave para la reforma integral del Poder Judicial que pretende el macrismo. Pero las iniciativas de creación de un fuero contra el crimen organizado y el que propone recortar el poder de Alejandra Gils Carbó a través de cambios en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal cosechan el rechazo de jueces y fiscales, y prenuncian tensión con los bloques de la oposición en el Congreso, que no están dispuestos a apoyar su votación en el recinto. Su implementación también agudizó la interna que tiene el Gobierno entre sectores que buscan tener injerencia en materia judicial.

"Justicia boutique". Con esa peyorativa denominación los jueces federales de Comodoro Py recibieron el anunciado nuevo fuero que transformará a diez jueces que hoy son "nacionales" en federales con competencia en todo el país. La jurisdicción extendida puso en alerta a los doce magistrados de Comodoro Py 2002, que verían su poder licuado. Parte de la hiperactividad desplegada durante los últimos días en causas de resonancia busca poner de relieve la importancia de esos tribunales, los más políticos dentro del Poder Judicial. Con la aprobación de esa iniciativa, los expedientes de mayor impacto mediático también serían absorbidos por los nuevos "super" jueces, especializados en delitos de crimen organizado, que se quedarían con todo lo relativo al narcotráfico y los delitos complejos. Además, podrían interactuar con todas las fuerzas federales de seguridad.

Similar rechazo tuvo el proyecto de reforma de la Procuración General -adelantado por Ámbito Financiero-, cuyas objeciones se centran en la creación de cuatro cargos de subprocuradores generales, por debajo del procurador pero con injerencia, decisión y poder de nombramiento de subalternos (fiscales de distrito) superiores al de la jefa de los fiscales. El más poderoso de ellos es el de crimen organizado, que tendrá bajo su égida las procuradurías especializadas más sensibles, y facultades extendidas al territorio nacional. Quienes sean subprocuradores tendrán más poder que Gils Carbó pero a su vez menos estabilidad: su designación es a propuesta del Poder Ejecutivo, lo mismo que su remoción y sólo requieren mayoría simple del Senado. Los fiscales federales se sumaron a las críticas, pese a su inestable relación con la funcionaria a la que el macrismo viene apuntando. "Tiene nombre y apellido el proyecto, por eso se vuelve inestable a futuro", reconoció un hombre del Poder Judicial.

Los proyectos tampoco unifican una posición consolidada dentro del propio Gobierno: el ministro de Justicia, Germán Garavano, avanzó con las iniciativas en el marco del programa Justicia 2020, acompañado por un sector académico y con el apoyo externo de la aliada de Cambiemos, Elisa Carrió. El sector que se identifica con el presidente de Boca, Daniel Angelici, envió señales de tranquilidad hacia los tribunales, y a través de sus interlocutores, les aseguraron a los jueces que los proyectos no tendrán un trámite favorable. Lo mismo que el sector integrado por la mesa de abogados, encabezados por José Torello y Fabián Rodríguez Simón, quienes se referencian en Nicolás Caputo, amigo y uno de los más influyentes en el entorno del Presidente. Esa ala también se mostró distante de apoyar los proyectos.

En Comodoro Py interpretaron un doble discurso del Gobierno. Por un lado, Macri reclamando una Justicia independiente, a la vez que muchos tendían puentes con Angelici. Y por el otro, Carrió apuntando contra los federales como responsables del descrédito de la Justicia, algo que fue leído como un intento de esmerilarlos ante la opinión pública para imponer una reforma integral .

Desde el Congreso enviaron señales similares sobre la posibilidad de que atraviesen con éxito el trámite de discusión parlamentaria. "Así como están redactados, no pasan", aseguró un miembro de la oposición.