Malvinas y manejo de recursos energéticos

Fernando Navajas

El regreso del tema de Malvinas a la primera plana de los diarios, luego de los desarrollos recientes hacia la exploración petrolera en la cuenca al norte de las islas, ha abierto la discusión en todas las dimensiones incluyendo ahora, en particular, la cuestión energética. El debate reciente es muy variado en cuanto a contenidos, calidad y novedad de los argumentos, con cuestiones que van desde las dudas del éxito de esta búsqueda de petróleo hasta interrogantes sobre qué hacer en el caso de que sea un éxito y no para nosotros.

Para quien escribe esta columna el tema evoca momentos críticos, aquellos en los que uno debe equilibrar la mente fría con el corazón caliente, cuando como estudiante viviendo en Inglaterra durante el conflicto, participó en los debates de la Universidad de Oxford. En ese momento los que sosteníamos una posición (la Argentina) contra la otra, como se hace en la vieja tradición de los debates universitarios británicos, enfrentamos una argumentación bastante problemática. Ésta afirmaba que la Argentina basaba toda su posición en un reclamo histórico de naturaleza solamente territorial, mientras que la posición británica enfatizaba a las personas, al poner en cabeza del argumento el bienestar de los isleños. Es decir, que no sólo se invertía la carga de la prueba de las apetencias territoriales -y se diluía la denuncia colonialista- sino que se viraba el eje hacia el tema del derecho de las personas, algo para lo cual la Argentina de ese momento tenía una reputación verdaderamente horrible. Es decir que el tema de anteponer el derecho de los isleños era un talón de Aquiles de la defensa de la Argentina utilizado genuinamente en el debate.

Mi lectura de lo que está aconteciendo actualmente, y que sorpresivamente no lo he visto reflejado en el debate actual, es que estamos frente a una oportunidad para transformar el argumento anterior en un perfecto búmeran. Esto es así porque si el bienestar de los habitantes del archipiélago, y no la propiedad territorial, es el objetivo prioritario sobre el que se definen las acciones y políticas, me temo que el Reino Unido ha pasado a tener un problema de legitimación sobre el manejo y destino de los recursos hidrocarburíferos, en caso de que prospere la actual política. Eso es así porque la definición de que los isleños son el objetivo prioritario define a éstos, y a la infraestructura de las islas, como los recipientes naturales de la renta petrolera y lleva a depositar los recursos en capital físico y humano isleño para las generaciones presentes y futuras. Al mismo tiempo acota la pretensión de que la tesorería británica se apropie de los recursos como rentas generales, porque hacerlo sería expresar abiertamente que lo prioritario ha pasado a ser la territorialidad. Y eso desnudaría la fachada colonialista de la operación. Ésta debería ser para mí una pata importante de la estrategia argentina frente a los acontecimientos. Eso tiene un costado económico que ahora paso a comentar. Y también converge, en mi opinión, a un progreso en la negociación del conflicto y en su manejo a mediano y largo plazo.

Si una sociedad descubre un yacimiento de recursos naturales agotables y lo empieza a explotar existen varios principios económicos que determinan la política óptima, es decir aquella que maximiza intertemporalmente el bienestar de los ciudadanos. Una de ellas es que la estructura de incentivos tiene que ser tal que se maximice la captura, por parte del Gobierno, de su parte en la renta petrolera lo que se logra con una estructura de incentivos y contratos y un diseño tributario que minimiza los costos y asegura elevada producción. Pero al mismo tiempo, la maximización intertemporal del bienestar o ingresos que produce un recurso agotable exige un manejo prudente a través de su capitalización, transformándose éstos en capital que sustituye a lo que se extrae o, para ponerlo en términos más familiares, en un fondo que se invierte para generar una renta vitalicia.

Ése es el enfoque que los países más avanzados en este campo, como por ejemplo Noruega, han desarrollado. Y es el mismo enfoque que los organismos multilaterales de crédito como el FMI, el BID o el Banco Mundial les piden a los gobiernos que tienen que manejar fiscalmente recursos a partir de un boom petrolero. Es ese mismo enfoque el que se debería exigir en nuestra estrategia, con documentos de esos organismos que recomienden un uso prudente de los recursos en un fondo capitalizable a perpetuidad.

Mientras nosotros todavía no le encontramos el talón de Aquiles a la política británica, como trata de hacerlo el argumento anterior, ellos han salido rápidamente a buscar el nuestro. Y lo han vuelto a encontrar. Esta vez no en los derechos humanos sino en los derechos de propiedad que guían cualquier proceso de inversión y en el manejo prudente de recursos agotables. Es que mientras nuestra democracia resucitada en los 80 logro revertir la cara impresentable en materia de derechos humanos, fue apareciendo a lo largo de esta década una cara también impresentable en materia económica, que no solo reniega de buenas prácticas y políticas en el sector hidrocaburífero sino que se ha comido los stocks. ¿Quienes son los argentinos para hablar de manejo racional y de sostenibilidad de los recursos después de haberse fagocitado las reservas propias?, diría ahora el argumento de contraataque. Pero nuestra respuesta es que esto no debe tomarse como una proyección de lo que va a ocurrir en el futuro, sino como una tragedia del pasado. Lo mismo decíamos en aquel debate en Oxford en 1982. Y no nos equivocamos.

Este último problema, el de la disonancia entre la política energética argentina y el despliegue de buenas señales económicas que vamos a ver en la operatoria británica, ha encandilado a gran parte de los especialistas energéticos de la Argentina que, con gran razón, han reclamado por una normalización de nuestras políticas, léase una equiparación de reglas e incentivos. Esto está bien claro desde el punto de vista de restablecer los incentivos, pero hay algunas sutilezas en los argumentos que tenemos que manejar bien a favor de la causa de Malvinas. Uno de ellos es que si logramos que los recursos vayan a un fondo a perpetuidad para «valor de uso» (capital físico y humano en las islas) y «valor de opción» (a decidir mañana con la cuestión de soberanía resuelta), tenemos que buscar que los costos de producción se minimicen lo que implica permitir el mayor ingreso posible de competidores para lograr licitaciones transparentes. Pero por sobre todo defender bien la maximización de la parte del Gobierno (el «government take»). Esquemas muy atractivos en los incentivos, o que van a estar manejados por pocas firmas y con exageraciones de los costos de producción nos van a llevar a que la renta se va a ir para el Norte, aún cuando algo nos garantice que existe un fondo a perpetuidad.

Además de intentar ser provocativa, la propuesta aquí esbozada puede ser compatible con los incentivos a largo plazo de las partes. Porque en el caso en que podamos convencer a los británicos de que lo importante es el acervo del capital en el Atlántico Sur, que se va a formar con la extracción de recursos (y cuyos usos van a estar acompañados por una disminución drástica del presupuesto de defensa), habremos empezado, tal vez, un nuevo día para caminar juntos, con ellos y con otros países de la región, hacia los desafíos que la cuestión antártica le va a plantear a nuestros descendientes.