Manual del populista: en baja, Evo abraza al Ejército

Algunos cambios que viene introduciendo el Gobierno de Evo Morales podrían llevar a Bolivia a algo muy distinto del Estado Plurinacional consagrado en la última reforma de la Constitución (vigente desde el 7 de febrero de 2009).

Son los sutiles pero ininterrumpidos acercamientos y, sobre todo, habilitación hacia mayores cuotas de poder, que el mismo Morales le viene dando a las Fuerzas Armadas. De profundizarse, estos cambios promilitares podrían recolocar a Bolivia en un esquema de gobernabilidad semejante al que hoy tiene Hugo Chávez en Venezuela, con un fuerte control político sobre las FF.AA. y, por ahora, adhesión de los uniformados. Y lejos del rousseaniano Estado multiétnico con 37 lenguas bolivianas oficiales.

«El de Morales es el Gobierno más militarista desde 1982, cuando Bolivia retornó a la democracia», dijo a este diario Oscar Ortiz, del partido opositor Podemos y expresidente del Senado hasta 2009. Para Ortiz, la relación cada vez más consolidada del Gobierno con los altos mandos militares obedece a una razón práctica: «Más desciende su apoyo popular, más se acerca a ellos porque los necesita a la hora de las protestas», agregó.

Evo Morales tuvo un violento descenso en imagen después del «gasolinazo» de fines de 2010, cuando mediante el Decreto 748 impuso un aumento de hasta el 82% en los combustibles. La medida, dispuesta el 26 de diciembre, provocó un incremento del 100% en la tarifa del transporte público (12 años congelada) y un inmediato rechazo en todo el país, donde hasta en la localidad de El Alto (un bastión del «evismo») se llegó a quemar un retrato del presidente.

¿El resultado? negativo (y a pesar de que, rápido de reflejos, el Gobierno dio marcha atrás a comienzos de 2011 con la impopular medida): según la consultora Ipsos, la aprobación de Evo, que era del 70% al asumir su segundo mandato en enero 2010 y del 63% en diciembre, se zambulló al 36% en la medición de fines de enero. Mientras tanto y probablemente en anticipación a futuras protestas (en este momento hay 29 conflictos gremiales en las minas de seis departamentos bolivianos), movilizaciones y puebladas, el Gobierno boliviano viene pertrechando a sus uniformados.

Presupuesto

Para este año, el Ministerio de Defensa tiene asignados u$s 286 millones, un incremento del 123% para la cartera respecto del promedio 2001-2011. Cerca del 80% de ese dinero se destina a los sueldos de los 70.000 efectivos militares. Según el experto y consultor militar Samuel Montaño, este incremento es el modo con que el Gobierno «busca el respaldo de la institución castrense». Aunque el incremento respecto de 2010 (con u$s 269 millones) es significativo (u$s 23 millones, o el 10% más que el año anterior), no tiene las misma perspectivas la actualización del parque armamentístico, con modestas compras de helicópteros y aviones a Rusia y China.

Sin embargo, los uniformados, además de mejoras salariales vienen ganando en valiosos intangibles -una mayor participación en el proyecto gubernamental-, ordenado siempre desde el Palacio Quemado. Pruebas al canto: el 4 de febrero, en la inauguración del año académico militar, el presidente de Bolivia les pidió a los militares que ingresasen a las industrias del litio y petroquímica (las dos nuevas gallinas de huevos de oro que se agregan a la alicaída explotación del gas). Asimismo, Morales propuso incorporar a los militares en la cadena de producción del azúcar en momentos en que ese producto, junto con la harina, con precios recalentados y en falta en el mercado, significan un dolor de cabeza para el Gobierno.

En cuanto a las FF.AA., ya declararon su «sí-evismo»: se pronunciaron antiimperialistas, incorporaron en su doctrina el lema «¡Patria o muerte!, venceremos» y emblemas en sus uniformes y bandera de guerra como la wiphala y el patujú. Además, el Ejército boliviano redactó su nueva «Doctrina de patriotas», con la que se implementaría un sistema de milicias civiles «para la seguridad y defensa del territorio, con acciones conjuntas entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas».

De todo ello tomaron nota los familiares de víctimas de las dictaduras militares, que acusan al Gobierno de Morales de apañar a la institución respecto de los crímenes de décadas pasadas para «no poner en riesgo su gestión de Gobierno».