Marcha atrás del Gobierno en alzas de tarifas de gas y luz

El ministro Julio De Vido fue personalmente al Congreso para frenar el malestar de los legisladores, incluidos los kirchneristas, por el Decreto 2.067 que dispuso el cargo en gas.

El desbarajuste con las tarifas de gas y electricidad sólo se desactivó momentáneamente con la eliminación del 100% de los aumentos para junio-julio y la disminución del 70% para el bimestre agosto-setiembre, que anunció ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, previendo la devolución de los montos ya cobrados en la siguiente factura.

La decisión oficial implica reconocer el malestar social generado por las fuertes subas y el error de cálculo que significó estimar que todos los usuarios con consumos medios y altos de gas o luz tienen capacidad de pago para aumentos que superan el 400% en casos extremos. O suponer que en el caso de tenerla, aceptarían pagar precios significativamente altos, frente a consumidores que pagan mucho menos por el mismo servicio.

Dicho de otra forma, algo falló en haber decidido subas muy importantes en porcentajes y en pesos, sin gradualismo y tomando como base sólo el dato del consumo. Un técnico del sector eléctrico estimó ayer que si el incremento del precio del kilovatio hubiera alcanzado a todos los usuarios del país, el alza hubiera sido del 30%.

Al anunciar las medidas, el Gobierno esperaba obtener una reducción de $ 1.400 millones en los subsidios al gas y de $ 1.000 millones para la electricidad. Las exenciones dispuestas ayer tienen un costo de $ 493 millones, según De Vido, a lo que se suman por lo menos otros 200 que tuvieron las dos correcciones que ya se habían hecho sobre el cargo del gas desde abril.

Dificultades

Para fuentes empresarias, con los aumentos desmedidos y la obligada marcha atrás, el Gobierno quedó ahora en una situación desfavorable para aprobar nuevos ajustes de tarifas, al tiempo que difícilmente pueda restablecer las subas sin dificultades a partir de octubre.

Desde ese mes, el cargo del gas se calcula en el caso de Capital Federal y Gran Buenos Aires, a partir de un piso de consumo anual de 1.000 metros cúbicos, e involucra a una cantidad más grande de usuarios, aunque con menor impacto en pesos porque se relaciona con la cantidad consumida durante el bimestre facturado.

En las tarifas de luz, las empresas distribuidoras estiman que, considerando el antecedente actual, las protestas vendrían imparables con los consumos de verano. El Gobierno afirma que los reclamos fueron muchos más en invierno que en el verano de este año, cuando ya se aplicaban los aumentos, lo que es cierto en la medida en que muchas más familias se calefaccionarían total o parcialmente con electricidad, de las que utilizan aire acondicionado cuando hace calor. Sin embargo, hubo protestas en enero y volverán si no hay una revisión de los aumentos.

De Vido también aseguró ayer que seguirán aplicándose castigos por el PURE (programa de uso racional de la energía), cuyos fondos son recaudados por el Estado en el caso del gas y quedan en las distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap, a cuenta de la revisión tarifaria que hoy está frenada sin fecha.

Sin embargo, los testimonios de estos días demostrarían también la imposibilidad de seguir calculando 2003 como año base, para exigir un consumo inferior en un 10% al de ese momento, porque en siete años, la constitución de las familias cambia y hay que presumir un mejoramiento de la calidad de vida que implica la introducción de equipos de aire.

Por último, los aumentos que ahora se pararon coyunturalmente fueron anunciados en forma tergiversada, sin advertir al público de su verdadera magnitud, y sin convocar a que los usuarios con problemas de pago pudieran presentarse para ser eximidos antes de recibir las facturas.

Hay, además, un conflicto político y judicial que anticipa nuevas dificultades para el Gobierno. En el caso del cargo fijado por el Decreto 2.067 para solventar importaciones de gas y recuperar el precio que perciben las petroleras por el producto, continúan en vigencia las medidas cautelares dictadas por la Justicia en varias provincias y en importantes localidades bonaerenses.

Sin futuro

Expertos legales sostienen que por la vía de la derogación del decreto en el Parlamento o por la declaración de inconstitucionalidad en segunda instancia o en la Corte Suprema, el cargo no tendrá futuro.

El defensor del pueblo de la Nación, Anselmo Sella, que está reclamando una medida cautelar en la Cámara en lo Contencioso Administrativo desde marzo, reiteró ayer que el cargo adicional en las facturas de gas es «ilegítimo e inconstitucional, ya que vulnera el principio de la Constitución que da competencia exclusiva al Congreso para crear tributos».

Por otra parte, con un destiempo que por lo menos suscita suspicacias, la defensoría del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó en la Justicia un pedido de amparo en términos similares a los del defensor de la Nación, y a los que prosperaron en otros distritos del país.

En el caso del aumento de la luz, es recaudado por Cammesa para bajar el subsidio que el Estado afronta para cubrir el desajuste entre el precio mayorista de la energía que cobran las generadoras y el que pagan los usuarios en sus facturas. Ya está frenado en todo el país por una medida cautelar de segunda instancia, dictada a pedido del defensor del pueblo, con el fundamento de la falta de gradualismo y razonabilidad. Si se intenta reimplantar, los usuarios pueden pedir a las distribuidoras que les refacturen de acuerdo con el cuadro tarifario anterior.