Martínez, beneficiado por informe

Gerardo Martínez

Gerardo Martínez recibirá una buena noticia de la Justicia. La Secretaría de Derechos Humanos le informó al juez federal Ariel Lijo que el jefe de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) no está bajo sospecha de haber participado de los secuestros y posteriores desapariciones de un centenar de trabajadores del sector, como le imputó un gremio rival.

Un informe del organismo a cargo de Eduardo Luis Duhalde le hizo llegar a Lijo un documento en el que se confirma la participación de Martínez como personal civil en el Batallón 601 de Inteligencia. Pero con la aclaración de que su desempeño fue entre marzo de 1982 y fines de 1983, años después de las fechas en que fueron denunciadas las desapariciones de albañiles, entre 1976 y 1977. Un agente manso, diríase.

El contenido del documento coincide con la reprimenda que le dedicó el sindicalista a Hugo Moyano por las duras críticas que expuso en el acto de los camioneros en Huracán, el jueves pasado. Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, suele mantener un discurso en línea con las necesidades del Gobierno. La denuncia contra el dirigente había sido presentada por el Sindicato de la Industria de la Construcción (Sitraic), un gremio sin reconocimiento pleno legal y opuesto a la conducción de Martínez. Esa acusación había contado con el respaldo de organizaciones de derechos humanos.

Desde la UOCRA se interpretó que la denuncia escondía una mano oficial, y en particular señalaron la posible responsabilidad del secretario Duhalde y de la ministra de Seguridad, Nilda Garré.