Más cámaras rechazan reforma a Ley de Abastecimiento: “Es inconstitucional”

Asociaciones de bancos y cámaras de la construcción, el comercio, la industria y el agro se sumaron ayer al rechazo del proyecto del Gobierno para reformar la Ley de Abastecimiento, al que calificaron de "inconstitucional", y advirtieron que permitiría al Estado "tomar el control" de una compañía privada. Incluso desde la UIA se advirtió que esa entidad recurrirá a la Justicia para frenar su implementación.

Según la reforma que impulsa el Ejecutivo, que apuntaría a controlar la inflación y evitar ganancias abusivas, se le confiere a Secretaría de Comercio establecer "márgenes de utilidad, precios de referencia y niveles máximos y mínimos en la comercialización". Para la mayoría de las entidades empresariales, la reforma desalentará la llegada de inversiones y conspirará contra la creación de empleos.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, advirtió que la modificación impulsada por el Gobierno es "altamente riesgosa" para las empresas. "Creo que en este momento hay que tratar de incentivar que el sector privado invierta y esto no es un incentivo para ello".

Por su parte, el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, dijo que la ley "nunca demostró su eficacia", mientras que también cuestionó la reforma porque tiene "expresiones vagas" y "difusas".

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en cambio, afirmó que el proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento "no se diferencia sustancialmente de las atribuciones que anteriormente se otorgaban a la Secretaría de Comercio Interior en la materia". La entidad que dirige Osvaldo Cornide, a través de un comunicado de prensa, sugirió que "a fin de salvaguardar los derechos de las pymes", el proyecto debería incluir un nuevo artículo "que prevea que para ejercer las acciones que la ley otorga a la autoridad de aplicación" se tengan en cuenta "la dimensión económica de la empresa, negocio o explotación".

"Es una intervención que no tiene ninguna razonabilidad", se quejó Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), quien consideró que el rol del Estado es "fijar las reglas por las cuales debe funcionar la economía, aplicarlas y controlar que se cumplan, dejando a las empresas con margen de actuación".

El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, tildó de "inconstitucional" el nuevo proyecto y mostró su "preocupación" por el avance del Estado sobre la iniciativa privada. No obstante, se mostró esperanzado en la posibilidad de "encontrar una nueva normativa que no afecte el derecho a la propiedad y a la iniciativa privada".

Desde el sector financiero, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) expresó su "preocupación" por el proyecto del Ejecutivo y sostuvo que "la iniciativa afectará la transparencia de los mercados y el clima de negocios que necesita el país para crecer". Asimismo, advirtió que "desalentará inversiones privadas al no garantizar la previsibilidad, estabilidad y formalidad de las reglas de juego necesarias para su concreción".

En igual sentido, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) manifestó su "rechazo" a la iniciativa oficial y aseguró que este proyecto "atenta contra principios constitucionales". La entidad conducida por Jorge Brito consideró en un comunicado de prensa que la intervención del Estado en el mercado interno "atenta contra principios constitucionalmente consagrados como el de libre empresa y la propiedad privada".

El presidente del Centro Azucarero Argentino, Fernando Nebbia, dirigió a los legisladores nacionales del NOA una carta pidiéndoles que reflexionen sobre el particular, por el "efecto muy negativo" que un cambio en la ley tendría para la región.

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), en tanto, opinó que el proyecto "tiene una tendencia intervencionista, vulnerando los derechos previstos en nuestra Constitución nacional".

Las cámaras empresariales nucleadas en la Confederación General Empresaria (CGERA) dijeron que apoyan los objetivos, pero que hay interrogantes sobre su efectividad y propusieron una ley antimonopolio.