12 de mayo 2010 - 00:49

Más para el veto: Senado insistirá con ley de ATN

• Anuncio de refinanciación de deudas a provincias no alcanzó

Más para el veto: Senado insistirá con ley de ATN
El anuncio del plan de refinanciación de deudas de provincias que Cristina de Kirchner lanzó el lunes pasado no frenará el debate en el Senado del proyecto de la oposición para obligar al Gobierno a distribuir a los gobernadores los Aportes del Tesoro Nacional adeudados, una caja de $ 9.800 millones que la Nación mantiene congelada desde 1995. En una semana la oposición intentará votar en el recinto del Senado el dictamen del proyecto que establece la distribución automática de ahora en más de los ATN, una caja de asistencia a provincias que se nutre de parte de la recaudación del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, de acuerdo con los índices de Coparticipación Federal. Y establece que el saldo adeudado a las provincias desde 1995, que la propia Cristina de Kirchner reconoció en $ 9.800 millones, será aplicado a la cancelación de la deuda que las provincias mantienen con la Nación.

Esa es la principal diferencia entre el anuncio de la Presidente (que incorpora también la refinanciación de $ 65.500 millones de deuda de las provincias con la Nación, parte del total que se volvió impagable desde 2002): mientras el plan del Gobierno no habla de repartir de ahora en más lo que recaude el fondo de los ATN, el proyecto de ley sí lo hace y como tema central.

De ahí que las protestas más fuertes se escucharan ayer en el Senado desde provincias que no tienen deuda a refinanciar y que perderán ahora lo que les correspondería de ATN y lo que podrían cobrar hacia adelante.

Los proyectos de ley que esperan en el Senado con dictamen ya emitido (son cinco, entre ellos el del pampeano Carlos Verna), llegarán así al recinto el próximo miércoles, en la última sesión antes del parate que comenzará con los festejos del Bicentenario.

«Lo que se busca es una ley que resuelva la deuda y a futuro evite volver a acumular los ATN y en lugar de eso los distribuya», explicaban en la oposición.

Pero, además, existen otras razones para que los senadores avancen con el proyecto en contra del decreto de Cristina de Kirchner. La refinanciación que anunció la Presidente comenzará en 2011, cuando los nuevos gobernadores asuman tras las elecciones. Y muchos de los candidatos a ocupar esos puestos en las provincias están hoy sentados en el Senado. Así, prefieren que la solución a la deuda se dé ahora y no dentro de dos años cuando el Presidente de turno volverá a tener el poder de condicionarlos.

Con ellos deberá negociar el Gobierno (el actual o el que lo suceda), por lo que ahora no tienen demasiado que perder apoyando el dictamen de reparto de los ATN que la oposición quiere sancionar en el Senado.

Los propios radicales lo explicaron en un informe: «Como la refinanciación posterga todos los vencimientos hasta fin de 2011, que es cuando vencen los mandatos de los actuales gobernadores, éstos tienen todos los incentivos de aceptar este programa, aunque les dejarán la deuda a sus sucesores».

Al mismo tiempo existe otro punto conflictivo que llevará horas de debate en el recinto: el costo fiscal para la Nación por la refinanciación de deudas que anunció el Gobierno. Ese costo se deberá calcular de acuerdo con el valor presente de la deuda de las provincias que la Nación debe calcular de acuerdo a un coeficiente que aún no se conoce. Así, se cancelará la deuda con el Fondo de ATN (administrado por el Gobierno pero de propiedad de las provincias) con un título que se emitirá a costo cero, al tiempo que suspenderá por dos años las retenciones por el Programa de Asistencia Financiera.

El problema para el Gobierno no es sólo el Senado. En Diputados, la protesta también comenzó a escucharse ayer: «Los recursos de los ATN, más allá de los 9.800 millones de pesos que se utilizarán para la reprogramación de las deudas provinciales, se incrementa periódicamente por medio de los impuestos a bienes personales, Ganancias», dijo ayer el radical Miguel Giubergia, «esa recaudación de impuestos debería ser destinada a los gobiernos provinciales para atender prioritariamente la educación y la salud». Ese será, desde ahora, el centro de la nueva batalla que se inicia en el Congreso contra el anuncio presidencial.