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Más policías y gendarmes para frenar delitos en provincias
• Preocupación y alerta en Mendoza, Santa Fe, Río Negro y Chubut.
• Reclaman mayor ayuda nacional
El gobernador de Chubut se reunió con la ministra Nilda Garré y le solicitó el envío de más gendarmes a la provincia para hacer frente a la inseguridad.
En algunos distritos -como en Mendoza y en Chubut- una seguidilla de homicidios resonantes forzó a los Ejecutivos a adoptar estrategias adicionales, mientras que en Santa Fe la ola delictiva eyectó de su cargo al ministro de Seguridad, Leandro Corti.
En paralelo, provincias como Río Negro y Chaco avanzaron en apostar al comando civil del ámbito de la seguridad, en la senda de los lineamientos nacionales en la materia que promueve la ministra Nilda Garré.
Precisamente, la funcionaria insistió el lunes, desde Río Negro, que Cristina de Kirchner «hizo mucho hincapié en el no a la autonomía de las fuerzas policiales y en el ejercicio del gobierno político de las fuerzas policiales y de seguridad».
Problemáticas
Mientras en Buenos Aires Daniel Scioli sostiene las políticas de Seguridad desplegadas por el ministro Ricardo Casal frente a los crecientes cuestionamientos del ultrakirchnerismo, otros mandatarios -buena parte de ellos, que estrenaron cargo en diciembre pasado- movieron piezas en las últimas semanas para intentar domar una problemática que se traduce en honda preocupación social. Veamos:
En Mendoza, el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, anunció ayer un paquete de medidas para enfrentar el delito, que incluye la decisión de sacar a las calles mañana a 750 policías que en su mayoría revisten tareas administrativas (en esa función serán reemplazados por uniformados retirados) y de reforzar la colaboración de la Gendarmería nacional en la búsqueda de delincuentes.
La aspiración del Gobierno del justicialista Francisco Pérez es que los gendarmes -piensan en cerca de 200, aunque todavía no fue cerrado el convenio de rigor con Nación- puedan comenzar a trabajar en patrullajes en el Gran Mendoza, de manera complementaria con la Policía provincial. Este trabajo conjunto ya se da, desde hace cuatro años, en cuatro departamentos mendocinos (en San Martín, el Valle de Uco y el sur provincial). También se avanzará entre otras medidas en pos de permitir que los fiscales puedan resolver allanamientos e intervenciones telefónicas sin la orden de un juez de Garantías.
La provincia cuyana se vio golpeada en las últimas semanas por una preocupante escalada de crímenes de fuerte impacto público.
El tenso escenario empujó a Francisco Pérez a tomar medidas adicionales en materia de seguridad, en un distrito duramente castigado por este flagelo.
En esa línea, días atrás anticipó su decisión de gestionar ante Nación el retorno de los gendarmes a las calles del Gran Mendoza, aunque aclaró que es sólo uno de los ejes para enfrentar el aumento del delito.
«No hay fórmulas mágicas: esto se hace con trabajo, educación, inclusión, infraestructura, desarrollo social y agroindustria por el tema del empleo», enfatizó.
Hay historia previa en esta materia: su antecesor, el también justicialista Celso Jaque, puso en marcha un plan de prevención del delito que fue reforzado por Gendarmería, pero tiempo después, pasada la efervescencia pública, los efectivos volvieron al Gran Buenos Aires.
Aranda desembarcó ayer en la Legislatura para defender las medidas ante la comisión bicameral de Seguridad desde donde la semana pasada surgió un pedido de renuncia por parte de legisladores del PD.
En sintonía, en Chubut, el mandatario justicialista Martín Buzzi acordó en marzo pasado con la ministra Garré el envío de 100 gendarmes para reforzar la seguridad de la provincia. El convenio incluyó la creación de una Brigada de Investigaciones de Gendarmería Nacional en Comodoro Rivadavia y de varios puestos de control en distintas localidades.
En paralelo, Buzzi ordenó en las últimas semanas a su ministro de Gobierno y Justicia, Javier Touriñán, y al jefe de la Policía, Julio Blanco, que se instalen por varios días en las ciudades de Comodoro Rivadavia y de Trelew para fortalecer la presencia gubernamental y tomar medidas in situ ante la escalada delictiva. «Hay que marcar fuertemente la presencia del Estado», enfatizó.
En Jujuy, el gobernador Eduardo Fellner también pidió refuerzo de gendarmes, mientras que esa fuerza podría extender a todo el noroeste los operativos de prevención que despliega en Tucumán, en conjunto con otros organismos.
En Santa Fe, en tanto, la ola de inseguridad, el desmanejo de las fuerzas policiales y discrepancias internas derivaron en la salida del ministro de Seguridad, Leandro Corti.
Corti fue reemplazado el 11 de junio por el legislador socialista Raúl Lamberto, en lo que fue el primer cambio en el gabinete del también hombre del socialismo Antonio Bonfatti, desde su asunción en diciembre pasado.
El flagelo de la inseguridad tocó de cerca esta semana a Bonfatti: el pasado lunes fue asaltada su esposa, Silvia Tróccoli, en el auto en el que se desplazaba, mientras que vecinos de la zona sur de Rosario volverán a marchar mañana a la casa del mandatario, tras una movilización previa, para amplificar su reclamo de mayor seguridad.
Las medidas incluyen en algunos distritos la apuesta a un control civil de las fuerzas de seguridad. Por caso, en Río Negro, el lunes asumió en la Secretaría de Seguridad y Justicia un colaborador de Garré, Miguel Bermejo, en reemplazo del comisario general retirado César Chao Monzón, quien presentó su renuncia. En paralelo, mañana hará lo propio el abogado Ariel Gallinger al frente de la Policía rionegrina.
La jura de Bermejo fue presenciada in situ por Garré, quien, como el gobernador Alberto Weretilneck -sucesor del fallecido justicialista Carlos Soria-, proviene del Frente Grande.
«Las fuerzas deben ser conducidas desde la política; es una responsabilidad política que debe ser asumida por el poder político y por quienes pasaron el escrutinio popular», arengó Garré desde la Casa de Gobierno rionegrina.
En Chaco, en tanto, el justicialista Jorge Capitanich promulgó semanas atrás la Ley de Seguridad Pública, que reestructura la política en materia de lucha contra el delito.
«Creemos que la organización de las fuerzas de seguridad con un modelo de control civil es lo que nos va a permitir garantizar una estrategia de intervención de la seguridad de acuerdo con la complejidad que tiene», argumentó el mandatario, además de asegurar que Chaco es la primera provincia en legislar «de manera estructural» en esta materia.
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