Massismo abre frente con los abogados por nueva matrícula

Diputados aprobó el proyecto para que la FACA coordine a los colegios públicos como parte del fallido paquete negociado por el Gobierno. Ahora enfrenta oposición de letrados e interna en el Consejo.

Abstención. Sin poder evitar el avance de la iniciativa, Pablo Tonelli y otros PRO optaron pos abstenerse

El polémico proyecto para crear una matrícula federal bajo la órbita de la Federación de Colegios de Abogados de Argentina (FACA) -obligatoria para los letrados que litiguen en el fuero federal y ante la Corte- obtuvo ayer sanción en la Cámara de Diputados, con varias deserciones del propio oficialismo. La iniciativa, impulsada por el ala radical de Cambiemos en alianza con el Frente Renovador, motivó la denuncia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) que sostuvo que se trataba de la creación de una caja millonaria bajo control de una ONG que pasaría a tener poder sobre los colegios públicos en todo el país. Su aprobación estuvo esencialmente atada a un acuerdo para sacar adelante el proyecto de participación público-privada, algo que finalmente el massismo no acompañó. La consecuencia fue que además de no asegurarse un trámite sencillo en el Senado, con este avance que sulfuró a los abogados porteños, el Gobierno también hizo crujir su esquema de alianzas dentro del Consejo de la Magistratura.

Hace diez días nadie hablaba del proyecto largamente añorado por la FACA de convertirse en la organización que coordine, a través de los colegios públicos de todo el país, el otorgamiento de una matrícula especial para litigar en el fuero federal. Obtuvo dictamen y tratamiento exprés, en menos de una semana. Será un requisito para quienes participen en juicios encuadrados en la Reparación Histórica a los jubilados. Ayer, con 114 votos afirmativos y 29 negativos, se le dio media sanción al proyecto, pero lo que más llamó la atención fueron las abstenciones de varios referentes del macrismo. Eduardo Conesa, Álvaro González, Daniel Lipovetzky, Cornelia Schmidt-Liermann, Marcelo Wechsler y el propio Pablo Tonelli optaron por la prescindencia dado que no querían romper con los abogados, un día después de que la discusión por la ley de regulación de honorarios profesionales quedara empantanada.

A pesar de que el Frente Renovador no se adjudicaba el impulso de la iniciativa (el massista Raúl Pérez la presentó), desde el interbloque Cambiemos sostuvieron que formaba parte del acuerdo parlamentario para que ese sector acompañara el proyecto de contratos participación público- privada, último ítem del orden del día. Sin embargo, el oficialismo fracasó en su tratamiento pese a haber negociado ese canje de leyes.

El Frente para la Victoria se opuso monolíticamente, lo que presagia un trámite incierto en el Senado, donde podría ser modificado y reenviado a la Cámara de origen. A la negativa de los K se unió Anabella Hers, que aunque es diputada del PRO integra Gente de Derecho, la agrupación que preside el CPACF a través de Jorge Rizzo. Los abogados porteños proponían que la matrícula de cualquier colegio público sirviera para litigar en el fuero federal de cualquier parte de país, sin costos adicionales. Ese dictamen de minoría no se aprobó.

Pero el CPACF también tiene un representante por su estamento en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La abogada Adriana Donato, referente de Gente de Derecho, es candidata a ocupar la presidencia del cuerpo, en el inminente recambio al radical Miguel Piedecasas. Hoy integra el bloque oficialista que araña los 9 votos necesarios para poder aprobar cuestiones clave con las que el Gobierno pretende avanzar. Cualquier ruptura en ese estratégico bloque alteraría el esquema de fuerzas, tironeado ahora por la interna de los abogados y su oposición frente a esta norma. Lo único que no abrió un frente problemático fue la aprobación de parte del pack de Justicia 2020, que venía con envión favorable del Senado.