Medicamentos: Oyarbide elevó pesquisa a juicio

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El juez federal Norberto Oyarbide elevó a juicio oral y público la primera parte de la causa en la que se investiga la presunta venta irregular de medicamentos adulterados, que incluye al sindicalista bancario Juan José Zanola, al dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, así como a los exfuncionarios de gobierno con procesamientos confirmados por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal porteña hasta mediados de noviembre pasado.

El expediente, que incluye entre 30 y 40 procesados confirmados, llegó ayer a la fiscalía federal de Luis Comparatore, quien tiene un plazo de seis días hábiles para dar su visto bueno de la elevación a juicio definida por el magistrado. A pesar de que se sabía hace meses que la pesquisa iba a ser elevada a debate antes de fin de año, la decisión de Oyarbide se conoció una semana después de que la Cámara ordenara excarcelar a Zanola; su mujer, Paula Aballay; la exdirectiva de la obra social de La Bancaria, Susana Fionna, y Lorenzo, al considerar que ya no existían riesgos de entorpecimiento de la investigación como para mantener presos a los principales procesados en el caso.

Tanto Zanola como Lorenzo están acusados de ser supuestos jefes de dos asociaciones ilícitas aparentemente dedicadas a traficar medicamentos adulterados para tratamientos médicos de alta complejidad. La parte de la causa elevada a juicio también incluye a Aballay, a Fionna, y a otros procesados que trabajaban en la droguería de Lorenzo y en la Obra Social de la Asociación Bancaria (OSBA).

Además hay otros procesados acusados de realizar supuestas maniobras irregulares similares a las de la droguería San Javier, como Juan Carlos Vernich, dueño de la firma Bisol; Marcelo García, titular de Medicare; y Alejandro Martino, Alexia Bergalli y Bernardo Hogan, vinculados a la Droguería Del Plata.

Los exfuncionarios que incluye la pesquisa merecen un párrafo aparte. Dentro de la parte del caso elevada a juicio también figuran el exsuperintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña presidencial de 2007 de Cristina de Kirchner, Héctor Capaccioli, así como los exfuncionarios que trabajaban con él, Sebastián Gramajo (con confirmación parcial del procesamiento) y Hernan Diez, por los supuestos vínculos e irregularidades en los aportes de campaña de las droguerías investigadas. En este grupo también está incluido Juan Antonio Rinaldi, sucesor de Capaccioli en el cargo titular de la Superintendencia, extitular de la Administración de Programas Especiales (APE) y abogado en ese momento de Hugo Moyano en el sindicato de Camioneros. Rinaldi es investigado por las supuestas maniobras fraudulentas relacionadas con el suministro de fondos del Estados para tratamientos de alta complejidad tramitados por las obras sociales.

Tienen además procesamiento confirmado en el proceso a cargo de Oyarbide el extitular del Banco de Drogas del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Loiácono y su hijo, Gonzalo, así como el exfuncionario de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Miguel Cosme de Marco, entre otros.

Mientras Oyarbide espera que el fiscal Comparatore examine su decisión, la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal porteña rechazó ayer la denuncia que había presentado la defensa de Zanola contra el magistrado. El sindicalista lo había acusado de formar parte de una supuesta conspiración para apartarlo del gremio de los bancarios.

La acusación presentada se basaba en una serie de presuntas escuchas telefónicas en las que Oyarbide supuestamente habla con el opositor de Zanola en el sindicato, Hugo Dessal. A pesar de estas pruebas, tanto el juez de primera instancia, Marcelo Martínez De Giorgi, como la sala I de la Cámara (a excepción del magistrado Jorge Ballestero, quien votó en disidencia) desestimaron la denuncia, al sostener que las grabaciones aportadas -de origen no declarado- no eran válidas para un proceso judicial.

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