MEDIOS: En defensa del pobre lector

Una de las herramientas que tienen las audiencias de los medios para hacer valer su derecho a la información, a la libertad de expresión, a no ser injuriadas ni calumniadas o a acceder a pluralidad voces es la figura del Defensor del Lector u ombudsman de la prensa.

Suecia, país en el que funciona con regularidad el ombudsman general o Defensor del Pueblo desde el siglo XIX, fue pionero en establecer mecanismos de regulación y autorregulación de los medios. A saber, en 1916 fue creado en el país nórdico el Consejo de Prensa, un tribunal no estatal financiado por la asociación de editores de diarios, su par de revistas, el sindicato de periodistas y el Club Nacional de Prensa. Cada una de estas organizaciones designa un representante en el Consejo, que cuenta además con tres jueces sin vínculos con la industria del periodismo y un presidente. El cuerpo, que redactó años ha un código de ética para radio, TV y prensa, se expide sobre unos cien casos por año. Puede ordenar la publicación de rectificaciones y reparaciones económicas.

El ombudsman específico para la prensa funciona en Suecia desde 1969. Es electo por un comité formado por un representante del Parlamento, la asociación de abogados y el Club Nacional de Prensa. Trabaja como una suerte de juez de primera instancia, que puede actuar de oficio y derivar expedientes al Consejo.

Se encuentran ombudsmen de la prensa y organismos de regulación para todos los gustos, ya sea creados por los medios, como fiscales internos con algún grado de inmunidad (The New York Times y varios diarios de EE.UU.); por organizaciones empresariales; asociaciones profesionales; sindicatos o Estados. Sus dictámenes pueden ser prescriptivos o meros asesoramientos.

Desde ya, nada garantiza que la existencia de figuras de este tipo propenda a garantizar el derecho a la información. Al igual que los famosos códigos de ética, el ombudsman puede ser una herramienta útil, una referencia a tener en cuenta, o un sello de goma que sirva a alguna empresa, gobierno u ONG para enviar representantes a algún congreso internacional, recibir subsidios y dictar charlas.

La eficiencia del ombudsman dependerá, más bien, de una cuestión cultural. Aquellos países con democracias más maduras y audiencias entrenadas en la diversidad informativa serán un campo más propicio para el ejercicio de un defensor en serio.

No todo es lo que parece. En el Reino Unido exhibían con cierta pretensión didáctica la Comisión de Queja del Consejo de Prensa. De nada sirvió para siquiera encender luces de alarma ante los graves abusos cometidos por el imperio de Rupert Murdoch, dueño en el país europeo de The Times, The Sun, parte de la TV paga BSkyB y el cerrado semanario News of the World. Los pactos del magnate con el laborista Tony Blair o las cenas amables con el conservador David Cameron pudieron más que cualquier código de ética. En EE.UU., los defensores de los lectores al parecer poco pudieron hacer para que los grandes diarios avalaran y propalaran las imaginaciones de George W. Bush sobre las armas de destrucción masiva de Sadam Husein.

En cuanto a la Argentina, pocos son los antedecentes de la figura del ombudsman. Dos son los más conocidos. En el ámbito privado, el del bisemanario Perfil, que tiene un ombudsman que hasta ahora funcionó más como editor y efímero comentarista de las cartas de lectores (el medio acaba de informar que desde este mes el nuevo defensor del lector, Julio Petrarca, será más activo).

A su vez, Cynthia Ottaviano fue designada Defensora del Público por una comisión bicameral de diputados y senadores en función de la nueva ley de medios. Esta periodista, que dejó su puesto en el diario Tiempo Argentino, comenzó en diciembre un mandato de cuatro años y se encuentra en plena etapa de institucionalización del cargo. Su campo de acción incluirá la auditoría de los medios públicos que, según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, debe garantizar la pluralidad política.

@sebalacunza