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Medios: PJ rebelde rechaza dictamen opositor con UCR
Ernesto Sanz
Hasta ayer, sólo la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro estaba dispuesta a acompañar a los radicales, que celebraron una reunión de bloque en el Senado. El peronismo disidente, más allá de rechazar el convite de la UCR para sumarse a su dictamen, no logra unificar tampoco una única postura. Primero, se barajó la posibilidad de presentar un dictamen de minoría sobre la base de un proyecto presentado por la salteña Sonia Escudero, pero la iniciativa chocó con la resistencia del puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien rechaza de plano el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso por considerarlo inconstitucional.
El PJ rebelde también trabajó ayer en el Senado. Hubo una reunión de asesores donde primó la idea de no presentar dictamen y rechazar los artículos más polémicos durante el debate en el recinto. El santafesino Carlos Reutemann no dio señales, y la bonaerense Hilda Chiche Duhalde, que mandó una representante a la reunión de asesores, ni siquiera apareció en las discusiones de los plenarios de comisión.
«El mencionado proyecto oficial lesiona gravemente los artículos 14 y 17 de la Constitución nacional, en tanto habilita y permite la censura previa y afecta el derecho de propiedad, y centralmente vulnera de modo directo el artículo 32 en cuanto las facultades, poderes, atribuciones y competencias de las provincias al establecer la jurisdicción federal sobre los espacios territoriales de estas», se quejaron desde el Interbloque Federal.
Objetivo
Aunque peronistas rebeldes y radicales no logran por ahora unificar sus estrategias, ambos persiguen el objetivo de devolver el proyecto a la Cámara de Diputados con modificaciones a la autoridad de aplicación de la ley, el régimen sancionatorio y el plazo de descapitalización (artículo 161), todas éstas cuestiones en las que habría coincidencias en el arco no kirchnerista.
Mientras tanto, el senador socialista Rubén Giustiniani ratificó que acompañará en general la iniciativa, pero anticipó que pedirá cambios a seis artículos vinculados a la autoridad de aplicación, la multiplicidad y ejecución de licencias, la revisión bianual, la norma digital y el plazo de ejecución de los medios a la nueva norma (que obliga a las empresas a desprenderse de sus activos en un año).


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