Mendoza: fallo ordena pagar $ 10 M a judiciales

Francisco Pérez

Mendoza - El Gobierno de Francisco Pérez deberá pagarle 9,7 millones de pesos a 890 empleados y funcionarios judiciales, tras la definición de un reclamo salarial que se inició hace once años y está vinculado a los últimos meses previos a la derogación de la ley de "enganche" en 2002.

Así lo dispone una orden judicial, aunque la efectivización final de esos pagos dependerá de la autorización de la Legislatura provincial. La Ley de Emergencia vigente desde 2001 impide el embargo de las cuentas públicas y obliga a la Justicia a notificar a la Fiscalía de Estado en cada sentencia que condene al Estado a pagar o indemnizar.

En efecto, el Tribunal de Gestión Asociada en lo Comercial y Civil N° 1 ordena al Ejecutivo mendocino "que proceda a reliquidar las remuneraciones de los actores desde el 1 de enero de 2002 hasta el 30 de junio de 2003", conforme el régimen entonces vigente, es decir "la porcentualidad respecto de la retribución efectivamente cobrada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia en ese lapso según la normativa vigente, más sus intereses legales hasta su efectivo pago".

No obstante, la efectivización de esos pagos ordenados por la Justicia quedará sujeta a la determinación de los legisladores provinciales. La Fiscalía de Estado elabora un listado con este tipo de sentencias que involucran las cuentas públicas y se incluyen en la elaboración del presupuesto del año siguiente. Éste, a su vez, es discutido en el Parlamento, donde se podrá aprobar total o parcialmente ese listado, para autorizar los pagos del próximo año.

De acuerdo con este procedimiento, los beneficiarios de esta causa deberán esperar como mínimo uno o dos años, teniendo en cuenta la cantidad de casos similares que la anteceden.

La causa tiene el número 79.435 y está caratulada "Pinto, Carlos Alberto y otros contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza" y es originaria de la Sala Primera de la Corte.

La decisión fue adoptada por una Suprema Corte de Justicia integrada por conjueces que intervinieron a lo largo del proceso como Sigal Rubinstein, Margarita Livellara, Antonio Puertas, Norma Mut, Eduardo Luna y Juan Carlos Candela.

En paralelo, la Asociación de Empleados y Funcionarios Judiciales que dirige Carlos Ordóñez lleva adelante un proceso similar que también tramita la última etapa de ejecución de la sentencia. En este caso se trata de 1.200 judiciales lo que permite estimar un reclamo superior a los doce millones de pesos.