Mendoza: piden frenar La Salada

Francisco Pérez

Empresarios mendocinos pedirán hoy a los legisladores de la provincia que imite la decisión cordobesa y frene por 180 días la instalación de la feria de La Salada. Con el ejemplo de la Legislatura de Córdoba, que suspendió la semana pasada por 180 días corridos la radicación de nuevas grandes superficies

comerciales vinculadas con formatos no tradicionales y ferias, referentes de distintas cámaras comerciales de Mendoza pedirán al vicegobernador Carlos Ciurca que impulse una norma similar.

Dirigentes de diversas entidades sostienen que precisan al menos seis meses de garantía para poder reglamentar la actividad. El presidente de la Federación Económica de Mendoza, Adolfo Trípodi, señaló además que le solicitarán al presidente del Senado que sea la Legislatura local la que motorice la medida porque, a su entender, La Salada «afectará al pequeño comercio establecido».

«Nosotros lo que pedimos es que se cumpla con todas las exigencias legales y comerciales para garantizar la igualdad ante la ley y el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales y laborales», aclaró Trípodi en el distrito que gobierna Francisco Pérez, y añadió que «los vecinos de la zona donde pretende instalarse La Salada nos han manifestado su apoyo a este proyecto que vamos a presentar mañana (por hoy) en la Legislatura».

Por otra parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa indicó sobre lo que se resolvió en Córdoba que «la norma es un ejemplo a seguir, ya que su finalidad es que las nuevas instalaciones cumplan con todas las exigencias legales comerciales». Se busca así «garantizar la igualdad ante la ley, la trazabilidad de la mercadería e impositiva y el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, laborales y previsionales», indicó la CAME.

Otra de las provincias que buscó dar con una resolución similar fue Buenos Aires, donde La Salada tiene su base operativa. A principios de julio, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó la norma que reglamenta las ferias y establece, entre otros aspectos, la creación de un registro donde los comercios quedan asentados, limita la superficie y la cantidad de puestos de venta, y se exige una preaprobación provincial como requisito principal para que el municipio pueda habilitarlos.