Mendoza reestatizará la empresa de agua

Mendoza - Con la apertura de sesiones ordinarias del pasado sábado como escenario de fondo, el gobernador justicialista Celso Jaque anunció que la empresa Obras Sanitarias Mendoza SA (OSM) «será otra vez del Estado provincial».

«La pésima situación en la que se encuentra esta estratégica empresa de servicios se debe a años de desidia de la gestión privada», remarcó.

El mandatario también sostuvo que «se trazará un plan de acción en los próximos sesenta días, para que la provincia se haga cargo en forma definitiva».

En esa línea, Jaque le recordó a los miembros de la Legislatura que restan sólo tres meses de intervención sobre la empresa y los convocó -junto a empleados de la firma- a que durante los próximos dos meses sea acordado y consensuado «un nuevo modelo de gestión pública» para la compañía de aguas.

El mandatario había ordenado en agosto intervenir a OSM por 180 días por supuesto incumplimiento de contrato, aunque negó en ese momento que su intención final fuera estatizar la compañía.

Colapso

«El sistema de cloacas y agua está colapsado y en una situación crítica», argumentó en esa oportunidad el ministro de Gobierno mendocino, Mario Adaro. Según el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, la empresa venía generando «numerosos inconvenientes en la población por falta de inversiones en nuevas obras».

Según su composición accionaria, el 70% de la compañía -concesionada en 1998- se encuentra en manos privadas (el 35% pertenece a la firma francesa Saur International y el resto, a otros grupos empresarios), mientras el Gobierno provincial posee el 20% y los trabajadores, el 10% restante.

En rigor, el caso mendocino no es una excepción: al ritmo de duros cuestionamientos a las concesionarias, creció en los últimos meses el desembarco del Estado en las empresas prestadoras de servicios públicos, de la mano -por caso- de la reestatización de la compañía de agua de Salta (mayo de 2009) y de la intervención sobre la firma de agua de La Rioja (en setiembre, y que derivó luego en la rescisión del contrato por parte del Gobierno del justicialista Luis Beder Herrera).