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Menem y 17 más absueltos en el caso de armas
Carlos Menem en el estacionamiento de los tribunales de Comodoro Py, rodeado de sus abogados. Escuchó el veredicto absolutorio y se retiró sin hacer declaraciones.
La absolución alcanzó a Menem, que en 2001 fue encarcelado por este expediente, a su excuñado Emir Yoma y al exministro de Defensa Oscar Camilión, entre otros imputados. El tribunal, en tanto, ordenó abrir una causa penal contra el exjefe del Ejército y actual embajador en Colombia, Martín Balza, por presunto falso testimonio. El fiscal Mariano Borinsky y el abogado de la Aduana, Carlos Lobos Oroño, anticiparon su decisión de recurrir la absolución a la Cámara de Casación Penal. Los fundamentos se conocerán el 7 de noviembre.
Los acusados, con excepción de Menem, que se retiró del tribunal sin realizar declaraciones, manifestaron su conformidad. «No hubo contrabando», aseguró Yoma luego de conocerse el veredicto. El excuñado y exasesor de Menem dijo haberse sentido «siempre tranquilo» respecto de la investigación y agregó: «Jamás cometí un delito».
Frase famosa
Para Camilión, se trató de un fallo «conforme a derecho». Mientras que el abogado Mariano Cúneo Libarona, defensor de Emir Yoma, estimó que los jueces no encontraron elementos para darle «tipicidad en el hecho» señalado como delictivo. Y para graficar el resultado del juicio citó una frase famosa atribuida al expresidente de facto Eduardo Lonardi tras la Revolución Libertadora: «Ni vencedores ni vencidos».
Además de Menem, Yoma y Camilión resultaron absueltos el vendedor de armas Diego Palleros; el exinterventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga; los exfuncionarios de esa fábrica Carlos Núñez, Edberto González de la Vega, Manuel Cornejo Torino, Antonio Vicario, Julio Sabra, Haroldo Fusari, Teresa Irañeta de Canterito y Carlos Franke; Jorge Cornejo Torino, exdirector de Seguridad de la fábrica militar de Río Tercero; Enrique de la Torre, exdirector de Seguridad Internacional de la Cancillería; Mauricio Musí, exdirector de Coordinación Empresaria del mismo ministerio; el exjefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik, y María Teresa Cueto, exverificadora de Aduanas.
La investigación arrancó en 1995 a partir de una publicación periodística de Perú que tuvo eco en la Argentina, y que a su vez recogió el abogado Ricardo Monner Sans y transformó en denuncia penal. Las acusaciones giraban en torno de decretos secretos de venta de armamento a Panamá y a Venezuela, pero que luego se sospecha fue desviado a Ecuador y a Croacia, países a los que la Argentina tenía vedado comercializar material bélico por tratados internacionales. El juicio, que se ventiló en los tribunales federales de Comodoro Py, arrancó el 16 de octubre de 2008 y contó con la declaración de 383 testigos.


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