Mensaje oficial: por falta de yerba multan a empresa

En medio de la preocupación por la suba en los precios y el desabastecimiento de yerba, el Gobierno impuso al Establecimiento Las Marías la eliminación total de beneficios fiscales, la devolución de impuestos diferidos y el cobro de una multa. Tras ser la segunda empresa en acordar precios con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ahora es señalada por no cumplir con los compromisos de inversión asumidos y no tomar nuevo personal, según se desprende del Decreto 664 publicado ayer en el Boletín Oficial.

Cuando parece que las entidades del campo vuelven fuertemente al reclamo, el Gobierno comunicó que la sanción fue decidida porque la empresa no cumplió con un compromiso de inversión para ampliar su plataforma, sumar más operarios a su plantilla de trabajadores registrados y optimizar su sistema productivo. Por este motivo, la compañía, que es líder mundial en la producción y comercialización de yerba mate con marcas como Taragüi y Unión, y en el país cubre el 90% del mercado y el 60% de infusiones derivadas, deberá pagar en 10 días una multa a la AFIP de unos $ 77.276,16.

En la empresa aún no emitieron un comunicado oficial, y nadie atiende los teléfonos. De todas maneras, allegados a la compañía advirtieron a este diario que en la empresa se muestran «sorprendidos», ya que Las Marías fue una de las primeras empresas en acordar con el Gobierno para abastecer los comercios con yerba a precios regulados. No obstante, asumen «ciertas diferencias en la interpretación de la ley» de promoción no industrial, con la que la empresa estaba beneficiada durante el Gobierno de Carlos Menem.

En 1998, la yerbatera fue beneficiada con un decreto por el cual se le otorgaron los beneficios impositivos a cambio de que erradicara «600 hectáreas de plantaciones propias de yerba mate de baja densidad y productividad» y las reemplazara por 200 hectáreas «de plantaciones clonales superiores de yerba mate» en un establecimiento del departamento correntino de Santo Tomé. Entre otras cosas, la firma se comprometía a invertir casi un millón, a aumentar el número de empleados y a poner en funcionamiento la nueva explotación hacia fines de 2003, fecha que fue modificada en dos oportunidades mediante resoluciones del Gobierno de Corrientes y diferida a diciembre de 2005. Aquí comenzarían los problemas de interpretación de los plazos.

Después de varias consultas, la AFIP admitió que las declaraciones juradas fueron presentadas en tiempo y forma, pero consideró inválidas las resoluciones provinciales que permitieron diferir la puesta en marcha del emprendimiento, y le reclamó a la firma haber incumplido con el compromiso de contratar nuevo personal hasta 2006.