Metrogas acordó quita del 46,8%. ¿Caso testigo para Gobierno?

Miguel Galuccio

Metrogas cerró ayer una propuesta de quita de su deuda del 46,8% y la entrega de obligaciones negociables por el 53,2% del pasivo. Ahora, la empresa debe enfrentar su desafío mayor: que el 4 de julio la asamblea de accionistas resuelva cómo hacer para evitar el default y poder continuar operando. Para esto, hasta ese día, se abre para la compañía un período definitorio: esperar a que el Gobierno resuelva qué tipo de relación comercial y económica quiere mantener hacia el futuro con las empresas de servicios energéticos. En otras palabras, si el Gobierno autorizará aumentar tarifas o si comenzará a poner dineros públicos para sostener el servicio y eventualmente garantizar inversiones. Metrogas no es la única empresa de servicios energéticos en esta situación. Entre otras, Edenor, Edesur, Edelap y Camuzzi están en posiciones similares, con más o menos cercanía de un default.

De alguna manera, la negociación que terminó ayer Metrogas es una apuesta a que la situación mejorará en las próximas semanas. La aceptación de los acreedores (la mayoría con sedes en paraísos fiscales) de la propuesta de reestructuración implica una especie de venia para que se abra un período de discusión con el oficialismo para definir el negocio a futuro. Metrogas informó el acuerdo ayer en un comunicado enviado a la Bolsa de Buenos Aires. Dijo que en la asamblea de tenedores de obligaciones negociables (ON) de la compañía «se aprobó por unanimidad la aceptación de la propuesta del acuerdo preventivo de acreedores» de la firma. En febrero pasado, la gasífera propuso dar a sus acreedores nuevas obligaciones negociables en dólares y con vencimiento en diciembre de 2018. Luego, el 9 de marzo de 2012, la empresa envió a la Comisión de Valores una nota donde directamente informaba que «la falta de actualización tarifaria continúa erosionando el negocio de Metrogas».

La situación terminó de complicarse con el avance de las negociaciones paritarias, donde el gremio del sector reclama un alza salarial de más del 24%, dinero que debería ser aportado por la propia compañía. La empresa, que no cuenta con ningún tipo de subsidio de parte del Estado, sólo vive de las tarifas, congeladas en lo que hace en el ingreso correspondiente a la compañía. Los incrementos aplicados hasta ahora, especialmente en la quita de subsidios al público, fue dinero que directamente ganó el Estado nacional sin que haya fondos para la empresa. Ni a Metrogas ni a ninguna otra en realidad.

La distribuidora está bajo intervención del Gobierno argentino desde mediados de 2010, cuando contabilizaba deudas de corto y largo plazo por unos 200 millones de dólares, y pidió el concurso preventivo de acreedores. En tanto, la distribuidora registró en el primer trimestre del año una pérdida neta de 17,9 millones de pesos (3,9 millones de dólares).

El Gobierno argentino conminó en enero pasado a Metrogas a renegociar de forma «inmediata» y «sin condicionamientos» el contrato de licencia para prestar servicios, otorgada en 1992.

British Gas es dueña del 54,67% de Gas Argentino, sociedad que controla el 70% de la distribuidora de gas Metrogas y en la que también es socia YPF (45,33%), ahora controlada por el Estado.

En este último punto están centradas las esperanzas de Metrogas de llegar a un acuerdo con el gobierno. Se buscará llegar hasta Miguel Galuccio, para que hable con el Gobierno nacional en general y, eventualmente, con la jefa de Estado, para que atienda la situación de Metrogas y defina la solución. Se especula con que el CEO de YPF encuentra la manera de continuar con la operatoria.

A la espera de este caso testigo están las otras compañías de servicios energéticos. En el listado están Edenor, Edesur, Edelap, Camuzzi Gas y las transportadoras de gas. Todas esperan que el Gobierno resuelva qué hará con estas compañías, especialmente en momentos en los que deben cerrarse las paritarias de 2012. Para el caso de las energéticas, Luz y Fuerza, el gremio de Oscar Lescano, reclama una suba del 30%, aunque pide que las empresas no sean nacionalizadas.

Ésta sería la tercera vía, para el caso en que el gobierno resolviera no girar fondos ni permitir el aumento de tarifas. Sin embargo, desde el Ejecutivo se hace una advertencia. Una cosa es YPF y su futuro promisorio como empresa petrolera, y otra cosa es una compañía de distribución de gas y electricidad donde la operatividad pende de un hilo y se necesitan millones de dólares de inversión en los próximos años, sólo para mantener el servicio funcionando.