Michetti promulgó la ley, que ya se presentó ante Griesa

Gabriela Michetti

 Gabriela Michetti, que asumió anoche por cuarta vez el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, fue ayer la encargada de promulgar la ley aprobada en la madrugada en el Senado que autoriza al Gobierno nacional pagar las deuda a los fondos buitre y sacar al país del default. La vicepresidenta cumplió con el mandato que le dejó impuesto Mauricio Macri de no esperar más tiempo para la reglamentación legal final de la ley, para que pueda ser enviada a Nueva York al juzgado de Thomas Griesa, lo que se concretó anoche a última hora. Con esto, el juez ya tiene la confirmación de que el compromiso que había asumido el país para cerrar el acuerdo con los acreedores ya está cumplido, y que ahora es responsabilidad en gran parte del Poder Judicial de los Estados Unidos acelerar el acuerdo final (ver nota aparte).

Michetti firmó la ley en una ceremonia llevada a cabo en su despacho de la Casa de Gobierno y que contó con la asistencia del secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas, y otros colaboradores. La ley había sido firmada antes por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay.

La norma fue sancionada en la madrugada de ayer en el Senado por una amplia mayoría para el oficialismo, con 54 votos a favor y 16 en contra, luego de un debate que se extendió durante más de 13 horas. El oficialismo sumó a sus 15 votos propios los del bonaerense Jaime Linares (GEN), los tres senadores del interbloque UNA, la salteña Cristina Fiore, el riojano Carlos Menem, los siete senadores del Interbloque Federal y 26 de los 42 legisladores del PJ-FpV. Los 16 votos en contra fueron todos del ala kirchnerista más dura del bloque PJ-FpV.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo ratifica el acuerdo que selló el Gobierno de Mauricio Macri con los acreedores que quedaron afuera de los canjes de 2005 y 2010, entre ellos los fondos buitre.

En este sentido, se autoriza al Poder Ejecutivo a pagar 11.684 millones de dólares en efectivo para cerrar el litigio, que se recaudarán mediante la colocación de bonos por 12.500 millones de dólares con el fin de que el excedente pueda cubrir a los bonistas que todavía no entraron en el acuerdo.

Para cumplir con ese pago, la iniciativa deroga las leyes cerrojo y de pago soberano, normas sancionadas durante el Gobierno kirchnerista que impiden mejores ofertas de pago a los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010. Además, se prorroga la cesión de jurisdicción a los tribunales de Nueva York para dirimir futuros litigios y se crea una comisión bicameral para seguir el pago de la deuda externa.