Minería: Justicia pide nuevo peritaje

Catamarca - La Justicia Federal anunció que solicitará otro peritaje para realizar nuevos análisis sobre el medioambiente, en el marco de la causa en la que investiga si la empresa Minera Alumbrera produce algún tipo de contaminación sobre el agua y el suelo en la provincia de Catamarca.

En ese expediente ya está incorporado un peritaje que el Servicio Geológico Minero (Segemar) realizó en el año 2007, cuyos estudios afirman que «los valores analizados no superaban los parámetros normales, y por lo tanto no había contaminación» y el estudio en sí mismo nunca fue objetado por ningún sector.

Cinco años después, la Justicia considera que se podrían repetir las pruebas, tal como se realizaron en 2007, para actualizar el monitoreo ambiental. «En esta oportunidad se evaluará si se vuelve a pedir la colaboración del Servicio Geológico Minero o se contrata a otros especialistas», dijeron desde el Juzgado Federal local. La investigación, de carácter penal, se inició en 2004 y es contra el directorio de Minera Alumbrera por supuesta infracción a dos artículos de la Ley 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos).

En paralelo, organizaciones sociales, políticas y estudiantiles marcharon hacia la Plaza de Mayo para protestar en contra de la megaminería a cielo abierto ayer por la tarde, en medio de una Ciudad enrarecida tras la fatal tragedia con trenes en el barrio de Once. El Movimiento Universitario Sur y la vicepresidencia de la FUBA expresaron a través de un comunicado su apoyo a las comunidades de Andalgalá, Belén, Tinogasta, en Catamarca, y de Famatina, en La Rioja, «que resisten al desarrollo de los enclaves mineros promovidos por los gobiernos provinciales y nacional, quien han dado como única respuesta la creación de la organización de los estados mineros para unificar criterios para desarrollar dicha actividad».

En ese sentido, la vicepresidenta de la FUBA, Agustina Eroles, manifestó que marcharon «para denunciar la política minera impulsada por el Gobierno nacional» y «para pedir la derogación de la ley antiterrorista que se aplica para detener a los asambleístas».