Moda: Evo estatiza eléctrica (y España disimula su enojo)

Evo Morales, junto a su vice, Álvaro García Linera, gesticula durante el anuncio de la estatización de Transportadora de Electricidad. Luego, se dirigió a un yacimiento de gas, donde se encontró con Antoni Brufau, titular de Repsol.

La Paz - Evo Morales sorprendió ayer al anunciar la nacionalización de las acciones de la empresa Transportadora de Electricidad SA (TDE), filial de Red Eléctrica de España. El Gobierno de Bolivia acusó a la firma ibérica, que manejaba el 73% de la transmisión eléctrica del país, de falta de inversión y ordenó la inmediata custodia militar de sus instalaciones.

El anuncio de que la firma pasará a formar parte de la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) generó inmediato impacto en España, cuya dirigencia está extremadamente sensibilizada por la reciente expropiación de la petrolera argentina YPF. La reacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy fue un tanto ambigua, porque si bien trató de diferenciar ambas estatizaciones, reconoció su inquietud y su disgusto.

TDE estaba a cargo de 1.961 kilómetros de líneas de transmisión de electricidad y de 22 subestaciones en Bolivia. Su actividad consistía en el transporte de energía generada por los productores y su entrega a los distribuidores y consumidores no regulados, ubicados en distintos puntos de la red interconectada en los nueve departamentos de Bolivia.

Según datos de TDE, su activo bruto y neto alcanzó los 228 millones de dólares, con un capital de 69,3 millones, de los cuales un 99,94% pertenecía a la concesionaria española y un 0,06% a los trabajadores.

«Toda la cadena de electricidad estará en manos del Estado boliviano», dijo Morales tras promulgar el decreto supremo. El presidente ordenó al comandante de las Fuerzas Armadas, Tito Gandarillas, el resguardo militar de las dependencias que eran administradas por la filial de la Red Eléctrica de España.

Cada 1° de Mayo, en los seis años de su Gobierno, Morales ha anunciado nacionalizaciones (ver aparte). En esta ocasión, aclaró que la expropiación de TDE era un «justo homenaje a los trabajadores».

El mandatario, que afronta en los últimos meses diversos conflictos con la población indígena, los sindicatos y huelgas sectoriales, justificó la expropiación en que «esa empresa internacional española en 16 años apenas ha invertido 81 millones de dólares, una inversión en término medio de cinco millones al año».

Tras declarar la nacionalización de TDE, Morales se trasladó al campo hidrocarburífero de Margarita, que explota el Estado con la española Repsol, en el que se anunció un aumento de la capacidad de exportación de gas a la Argentina. Allí pronunció un discurso el titular de la energética española, Antoni Brufau, quien enfatizó su buena sintonía con Morales y calificó a Bolivia como «socio estratégico».

Casi al mismo tiempo, fuentes de Red Eléctrica Española, que es en un 20% estatal pero tiene mayoría accionaria extranjera, deploraban a través de la agencia española EFE que la expropiación va «en contra de las reglas de juego del libre mercado y la seguridad jurídica que debe presidir las inversiones internacionales», en términos similares a los que utilizaron los directivos de Repsol contra la Argentina por la estatización de YPF.

Aunque la expropiación de la energética boliviana generó alarma en España e hizo renacer los calificativos «robo» y «expolio» en medios y políticos de este país, la dimensión económica es sustancialmente menos significativa que en el caso YPF.

La cifra de negocios de TDE representa el 1,5% de la total del grupo ibérico, lo que supone unos 24,5 millones de euros de los 1.637 millones alcanzados el pasado año.

TDE fue fundada el 17 de julio de 1997, bajo la administración del presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada. En un primer momento, la concesionaria fue la hispana Unión Fenosa, y desde 2002 pasó a manos de Red Eléctrica de España. Ésta también posee el 33,75% de la peruana Red Eléctrica del Sur.

«Somos responsables con las empresas. Si lo que corresponde es devolver, hay que devolver. Si una empresa ha hecho inversión, reconocemos la inversión», aseguró Morales durante el anuncio de la expropiación.

El Gobierno de Rajoy hizo saber a través de la agencia estatal que el caso boliviano es «muy diferente», «sin paralelismo» con el argentino, pero el embajador ibérico en La Paz, Ramón Santos, reconoció que la medida «fue una sorpresa, sin duda», y «no ha gustado» en Madrid. «Naturalmente, no ha gustado a mi Gobierno», dijo Santos en el mismo acto al que acudieron Brufau y Morales.

El ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel García-Margallo, mantuvo por la tarde una conversación telefónica con el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, aunque hasta anoche no estaba contemplado que llamara a la embajadora boliviana en España, Carmen Almendras, para transmitirle su queja.

Agencias AFP, EFE, ANSA y DPA, y Ámbito Financiero