Moyano alardea: “Que me manden 200 inspectores”

El líder de la CGT Hugo Moyano rechazó ayer el avance de la pesquisa judicial que enfrenta por el manejo de fondos en la obra social de su sindicato, con una frase de estirpe sindical, al afirmar «que traigan a los 200 inspectores que llevaron a Clarín; no tengo ningún tipo de inconveniente, está todo abierto».

La arenga del sindicalista sólo evidenció la incomodidad que produjeron en la cúpula sindical las medidas ordenadas por el juez Claudio Bonadío, quien investiga a la obra social de los camioneros por el presunto desvío de fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) aportados a esa área, para la atención de enfermos de cáncer, HIV y hemofilia.

«Estamos absolutamente tranquilos, lamento que pierdan el tiempo», provocó Moyano en declaraciones radiales.

El líder de la CGT y socio político de los Kirchner agregó que dará «todas las explicaciones que quiera» al magistrado sobre el crecimiento de los fondos de su obra social, y asegurar que «no hacemos nada que no sea en beneficio de la salud de los trabajadores».

Pero Moyano no será el primero que deberá presentarse ante Bonadío para declarar sobre el manejo de los fondos de la APE: hoy debe asistir a los tribunales de Comodoro Py el ex titular del área y ex responsable de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Juan Rinaldi. El abogado vinculado al moyanismo, al ser nombrado en este último cargo, se distanció de los gremios y acortó distancias con la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, quien durante su gestión no paró de denunciar las supuestas irregularidades del manejo de fondos de las obras sociales sindicales. De hecho, una de sus acusaciones derivó en la pesquisa que hoy hace tambalear al titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola: la supuesta adulteración y venta ilegal de medicamentos que impulsa el juez Norberto Oyarbide. Para el viernes, el juez citó a Héctor Capaccioli y para el lunes que viene a Ricardo Bellagio, ambos ex titulares de la SSS.

Tratando de matizar el impacto que la noticia tuvo en los medios, Moyano enfatizó que lo que requirió el juez federal Claudio Bonadío «no es una investigación» sino «un pedido de informe» sobre los fondos recibidos por el Sindicato de Camioneros de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud y sostuvo que el gremio no está preocupado «en absoluto».

«Nos dieron cinco días. Lo estamos haciendo todo a la perfección; no hay ningún tipo de inconveniente. Yo lo único que lamento es que pierdan el tiempo porque está todo como corresponde, como marca la ley», destacó el sindicalista. En este punto, resaltó que «lo único» que desde el Sindicato de Camioneros van a «defender» son «los alrededor de $ 850 millones que tenemos en el banco ahorrados de la obra social, porque es plata de los trabajadores».

La causa se inició en 2006 con la denuncia del sindicalista opositor de la UOCRA, Juan Pablo Medina, quien acusó a Moyano de supuestamente desviar fondos otorgados por la APE en beneficio del líder de la CGT, ya que su mujer, Liliana Esther Zulet, estaría detrás de la administración de la obra social, una caja que ascendería a los $ 20 millones anuales y que abarca a más de 700 mil miembros.