Moyano bajo fuego: le allanaron anoche obra social y el APE

Claudio Bonadío, Norberto Oyarbide

La Justicia allanó anoche la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca), gremio que preside Hugo Moyano, y la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo que reembolsa a las organizaciones de salud de los sindicatos el dinero que gastan en medicamentos complejos, y que también está desde hace años bajo el control del jefe de la CGT. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Claudio Bonadío en una causa en la que se investiga una presunta defraudación a la administración pública por parte de la obra social. El juez también citó a indagatoria a dos funcionarios de la APE.

Bonadío había allanado Oschoca en mayo pasado. El nuevo procedimiento fue ordenado a partir de un estudio pericial que determinó, según fuentes judiciales, la falsedad de 200 troqueles presentados por la organización sanitaria a la APE para el cobro de reintegros por un medicamento oncológico. Ese estudio fue hecho por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) a pesar de la negativa de los defensores de Moyano.

El operativo en Oschoca fue presentado por el entorno del camionero como un «pedido de entrega de documentación», puntualmente tres constancias de pago de la APE a la obra social. «El requerimiento se acató de inmediato y el procedimiento duró media hora», afirmaron en el sindicato. También en ese ámbito dijeron presumir que la causa tiene más que ver con Droguería Urbana, el principal proveedor de Oschoca, que con la obra social.

El procedimiento en la APE se limitó al secuestro de cinco expedientes presentados por la obra social de choferes para el cobro de reintegros por el medicamento oncológico Erbitux, recetado para casos de cáncer de colon. El organismo había sido allanado a fin del año pasado tanto por Bonadío como por Norberto Oyarbide, el otro juez que investiga una causa también relacionada con la comercialización irregular de remedios y troqueles.

Los expedientes secuestrados corresponden a trámites de 2009 y, según fuentes de la APE, todavía no habían sido resueltos. El juez intenta establecer si los tratamientos fueron brindados efectivamente, y si la documentación que los respalda es auténtica.

Bonadío avanzó además en dos citaciones clave a indagatorias: llamó para el 26 de noviembre a Hugo Sola, un funcionario de la APE que el año pasado estuvo a cargo del organismo en tanto no fue nombrado el administrador general, y para tres días después convocó a Horacio Fuentes, también de la misma repartición y quien firmó rendiciones de cuentas.

En los últimos años, la APE estuvo bajo el control absoluto de Moyano a través de sus abogados de confianza: en 2006 fue Juan Rinaldi, que debió irse dos años después por diferencias con el camionero; le siguió Sola, también ligado a la Federación de Camioneros; y desde el año pasado ocupa el cargo máximo en la entidad Daniel Colombo Russell, otro letrado del gremio.

La denuncia original data de 2006 y fue realizada por un rival de Moyano, el sindicalista platense de la construcción Juan Pablo «Pata» Medina. El dirigente de la UOCRA advirtió que en los próximos días presentará una ampliación de esa denuncia para pedirle a la Justicia «establecer cuánta gente murió con la provisión de los medicamentos truchos».

El expediente cobró velocidad en las últimas semanas a instancias de los peritajes ordenados por el magistrado, y desde ayer con los primeros llamados a indagatoria.