Mujica logra ahora complicar anulación de la amnistía

José Mujica

Montevideo - La posibilidad de que el Parlamento uruguayo anule la Ley de Caducidad quedó ayer en suspenso después de que dos diputados oficialistas anunciaron que no respaldarán el proyecto presentado con ese fin, lo que dejaría sin mayoría en la cámara baja al Frente Amplio.

«Si hoy tuviera que proceder» en la sesión en que se votará la ley, «mi decisión es hablar en contra, argumentar todos los inconvenientes que tiene y a la hora de votar retirarme de la sala», afirmó ayer el diputado Víctor Semproni.

Semproni aclaró que su posición es compartida por Gonzalo Mujica, también integrante de la cámara baja, donde el Frente Amplio tiene 50 de los 99 escaños.

El argumento de Semproni es que aunque la ley que dejó impunes los crímenes cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985), conocida como Ley de Caducidad, es «inconstitucional y antihumana», el FA debe repensar «el camino a transitar» para «erradicarla del sistema legal uruguayo».

El legislador explicó que entre los juristas consultados por el FA hay la «opinión unánime» de que la actual propuesta de anular esa ley «va a ser declarada inconstitucional» por la Suprema Corte de Justicia.

A esto hay que agregar la opinión del presidente José Mujica, del vicepresidente Danilo Astori y del exmandatario Tabaré Vázquez (2005-2010), todos del FA, que «nos están señalando los inconvenientes del camino», agregó.

Además de los dos legisladores, la oposición en pleno ha anunciado que va a rechazar el proyecto, que debe votarse el próximo 19 de mayo.

Los opositores también critican al FA por vulnerar con esa propuesta la soberanía popular, ya que la Ley de Caducidad, aprobada en 1986, fue ratificada en dos referendos impulsados por la propia izquierda en 1989 y en 2009. Sin embargo, hay un dato relevante a favor de la derogación de la amnistía: la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por la desaparición, en 1976, de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman. Además, el tribunal señaló que la Ley de Caducidad no puede ser un obstáculo para realizar una investigación de los hechos «a fin de esclarecer y determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas».

Semproni indicó que ahora espera que «aparezca un texto que por lo menos tenga una opinión viable y una amplia mayoría de aceptación entre quienes luego van a tener que opinar en materia jurídica».

El proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que en la práctica es una anulación de esa normativa y que pretende tener carácter retroactivo, fue aprobado a finales del año pasado en la Cámara de Diputados con el rechazo de algunos legisladores del FA, que votaron a favor por disciplina partidaria.

La situación se repitió en el Senado, donde una de las figuras emblemáticas del partido, Eleuterio Fernández Huidobro, lo respaldó con su voto por disciplina partidaria, pero renunció al cargo por su oposición al texto.

Al igual que el presidente Mujica y varios de sus ministros, Fernández Huidobro formó parte de la guerrilla tupamara que combatió gobiernos constitucionales y a la dictadura en los años sesenta y setenta del siglo pasado.

En los últimos días Mujica, partidario de enterrar esa etapa del pasado, se reunió con la bancada oficialista para advertirles de que la iniciativa, que debe ser ratificada por los diputados tras sufrir modificaciones menores en el Senado, «no es la más adecuada» y «puede acarrear problemas con respecto al fin que se busca».

El mandatario sugiere impulsar otro proyecto que, en lugar de anular la ley, la deroga y establece que para la prescripción de aquellos crímenes no se va a tener en cuenta el tiempo en que los militares se ampararon en la polémica normativa.

Según dos juristas citados ayer por el diario El Observador, ese plan también es inconstitucional, porque vulnera la seguridad jurídica.

Contactos

En tanto, en medio de este debate, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla, inició contactos con oficiales de las Fuerzas Armadas en procura de información nueva sobre el destino de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura.

Las conversaciones, de las que participan integrantes de las tres armas, se realizan con el conocimiento del presidente Mujica y se estima que a partir de la información que de ellas puede surgir, hay posibilidades reales de ubicar el destino de algunos desaparecidos, dijeron hoy fuentes cercanas a las negociaciones al diario El Observador.

Por otra parte, un equipo de antropólogos retomará próximamente las excavaciones en el Batallón 14 de la ciudad de Toledo, vecina a Montevideo, para hallar restos de desaparecidos. En una primera etapa de búsqueda, ordenada por Tabaré Vázquez en agosto de 2005 y basada en información aportada por los militares, sólo se encontraron los restos de dos militantes comunistas, enterrados en una chacra privada y en el Batallón 13 de Infantería de Montevideo.

Agencias EFE y ANSA