Nación exige desnudar datos de provincias

El Gobierno oficializó ayer la prórroga hasta el 30 de junio del plazo de gracia para concretar los pagos de capital e intereses de las deudas que mantienen 17 provincias con Nación.

La nueva extensión del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas -lanzado en 2010- fue formalizada a través de la resolución 108 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

Allí quedó consignada la profusa ristra de datos que la Casa Rosada pretende cosechar de las provincias como condición para acceder al beneficio de la tregua en los pagos, que librará a los mandatarios de compromisos por $ 1.800 millones durante este segundo trimestre.

Sin embargo, hasta ahora esa exigencia no tomó la forma de la obligación formal de cumplir metas, al menos según lo que marca la letra chica del convenio.

Por de pronto, en los considerandos de la resolución se resalta que las provincias "vienen dando cumplimiento al envío de información fiscal". Hace referencia a las firmantes Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tucumán, Tierra del Fuego y San Juan.

En esa línea, se afirma que el plan para ampliar el plazo de gracia incluye el compromiso de "avanzar en la elaboración de indicadores sectoriales que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación, y eficiencia en materia del gasto público".

Las provincias deben además suministrar información mensual a la Secretaría de Comercio -que conduce Augusto Costa- sobre el resultado de los relevamientos realizados en comercios adheridos al programa Precios Cuidados, con el objetivo -afirman- de "aunar esfuerzos" en lo que hace a la implementación de ese plan.

Los ministros de Economía también deben remitir información sobre -entre otros ejes- las plantas de agentes de seguridad y sus salarios; sobre complejos productivos estratégicos (para "fijar metas de exportaciones, financiamiento, empleo y producción"); sobre obras de infraestructura que resultan "vitales e indispensables", sobre políticas de seguridad pública y de salud, y sobre metas en materia social, laboral y de mejora de condiciones de vida.