Nacional en pocas líneas

Juan José Mussi

MULTA A ABSA

Buenos Aires - La empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) fue sancionada por la Justicia a pagar una multa de más de 1,5 millón de pesos por mes al no garantizar la potabilidad del agua en la localidad de 9 de Julio. Según lo informado por el Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente, la resolución -dictada el pasado jueves- determinó que la compañía incumplió un amparo judicial que le exigía el despliegue de las obras necesarias para garantizar la potabilidad del vital elemento, frente a la presencia de arsénico en el líquido. Para la Justicia, la empresa no respetó la entrega de bidones en las viviendas de más de 2.600 personas que participaron del reclamo legal.



AUDITORÍA

Buenos Aires - El Tribunal de Cuentas bonaerense desplegará tareas de auditoría sobre las partidas presupuestarias que la provincia destina al saneamiento de la Cuenca Matanza- Riachuelo. Según el presidente del organismo, Eduardo Grinberg, es una «nueva motivación para dar respuestas a quienes están a cargo de la gestión, porque gestión y control no pueden estar separados». Por su parte, el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi, dijo que «es un alivio poder cristalizar este convenio con el Tribunal de Cuentas y lo agradecemos como siempre».



REELECCIÓN

Buenos Aires - El dirigente fabril Osvaldo Rial fue reelegido presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) para conducir los destinos de la entidad por otros dos años, en una nutrida asamblea realizada en un hotel de La Plata, con la participación de casi un centenar de referentes del sector productivo bonaerense. La

UIPBA renovó sus autoridades por unanimidad, y celebró la incorporación de nuevos miembros al comité ejecutivo de esa institución.



SANCIÓN POR CONTAMINAR

Mendoza- La Corte Suprema de Justicia ratificó las sanciones impuestas a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por la contaminación que dejó en la zona el Complejo Fabril Malargüe, donde funcionó una mina de uranio hasta 1987. La multa fue aplicada en 2002, cuando se constató la presencia de uranio en los cauces de agua de la zona. A pesar de los esfuerzos del organismo nacional para no asumir responsabilidades al respecto, la Corte determinó que la CNEA faltó a sus compromisos asumidos en cuanto a la remediación de los pasivos medioambientales poniendo en peligro a la población.