Negocian suspender el consenso fiscal

Es el acuerdo que el Gobierno había firmado y votado con las provincias para reducir Ingresos Brutos. Es la principal caja de las provincias.

El Presupuesto Nacional 2019 es el campo de negociación de todos los recortes que Mauricio Macri tiene que acordar con las provincias. Esa es la base que se fijó el Gobierno para poner en papeles la reducción del déficit que comprometió con el FMI. En esa negociación con los gobernadores ya apareció una primera pieza de cambio que no es menor para calmar las cajas provinciales: suspender la aplicación del Consenso Fiscal por el que se habían comprometido a reducir impuestos locales, principalmente Ingresos Brutos. Ese tributo, distorsivo como pocos para la producción y la exportación es, sin embargo, una de las principales fuentes de recaudación propia para las provincias.

Ahora, en una posición de mayor debilidad para negociar recortes, la Casa Rosada analiza incorporar en el Presupuesto 2019 una agenda para suspender la rebaja del ingresos y otros impuestos comprendidos en ese Pacto Fiscal.

En el Senado el oficialismo reconoce que dentro de la aprobación del Presupuesto 2019 y para afinar el lápiz en los recortes, la estrategia arrancará por ceder en una cantidad de medidas que desarmarían parcialmente el pacto fiscal que había sido anunciado en noviembre del 2017 como un hito en el camino para reducir la presión tributaria.

El martes pasado, los gobernadores del PJ Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego) compartieron un almuerzo en la Casa de Entre Ríos en Capital Federal para preparar la estrategia que llevarán de conjunto en la pulseada que se viene por el Presupuesto.

Allí también estuvieron los jefes de los bloques justicialistas de ambas cámaras, Miguel Pichetto y Pablo Kosiner.

Hubo consenso en que si el Gobierno pretende que las provincias asuman el costo de la reducción de las transferencias no automáticas en un 74 %, reducir la capacidad de recaudación impositiva terminaría por fundir las arcas.

Los caciques provinciales quieren garantizarse que el ajuste fiscal no recaiga únicamente sobre las espaldas de sus jurisdicciones, sino que también comprometa a la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, buscan introducir en la negociación el planteo contemplado en un proyecto presentado por el bloque Justicialista de Diputados para que la Nación transfiera a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires los costos operativos y de inversión de las redes de agua y cloacas de AySA y del servicio eléctrico de Edenor y Edesur.

En pie de guerra, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal contactó en la última semana a intendentes peronistas en la búsqueda por sumar aliados para resistir esta iniciativa, que la obligaría a afrontar importantes gastos adicionales en un año electoral.

El Gobierno ya acusó recibo de la propuesta de los gobernadores respecto de la transferencia de la jurisdicción de AYSA, Edenor y Edesur, y no se descarta que sea moneda de cambio en el marco de la discusión del Presupuesto.