Negocian con Venezuela: presionan con citaciones a funcionarios y a empresarios

Claudio Uberti

El juez federal Julián Ercolini enfrentará una nueva semana de sacudones por la causa en la que se investigan las supuestas irregularidades vinculadas al fideicomiso de u$s 90 millones que la Argentina creó con el Gobierno de Hugo Chávez en 2004.

El magistrado deberá definir una serie de medidas impulsadas la semana pasada por el fiscal que instruye en el caso, Gerardo Pollicita, así como las relacionadas con el escrito que presentó el viernes pasado el ex titular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, quien pidió que se citara a declarar al diputado del PJ disidente Felipe Solá, y a los empresarios Enrique Pescarmona, Fulvio Pagani, Santiago Soldati, Alejandro Bulgheroni, Gustavo Grobocopatel, Gabriel Romero y José Castellone, entre otros,

Uberti, señalado como el supuesto principal responsable de las relaciones comerciales entre la Argentina y Venezuela, justificó esta solicitud, al señalar que Solá era entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires y la empresa provincial Astillero Río Santiago era una candidata para vender su producción a Caracas. En cuanto a los empresarios, Uberti pidió que se los citara para que declarasen si se les habían pedido retornos para hacer negocios con Venezuela. El ex funcionario kirchnerista también pidió que se citara al ex presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Jorge Médica.

La pesquisa por el fideicomiso con el Gobierno de Hugo Chávez -que forma parte de una causa más amplia en la que se investiga a Néstor Kirchner, Julio De Vido, Ricardo Jaime y Uberti, entre otros, por presunta asociación ilícita- recibió hace dos semanas un fuerte envión, a raíz del testimonio de Eduardo Sadous. El ex embajador argentino en Venezuela aseguró que varios empresarios se le habían acercado para decirle que funcionarios del Gobierno argentino les habían pedido coimas de entre un 15% y un 25% para hacer negocios con Caracas.

En esa declaración, el ex diplomático apuntó contra Uberti como el supuesto responsable de esos pedidos. Esta acusación fue reforzada por el valijero Guido Antonini Wilson, quien -según publicó ayer un matutino porteño- aseguró que era «vox pópuli» que «todo aquel que quería trabar negocios entre Venezuela y la Argentina te hablaba de la existencia de coimas».

El empresario venezolano, refugiado en Miami luego del escándalo diplomático que generó su entrada frustrada de u$s 800 mil sin declarar a la Argentina, también afirmó que Uberti «había llegado a tener el descaro de montar una oficina en Caracas donde la gente tenía que pagar el peaje». Declaraciones de alto voltaje para el valijero de supuesto paradero desconocido, cuya extradición pidió la Justicia argentina a Estados Unidos hace más de un año y que, sin embargo, siempre es ubicado cuando se destapa alguno de estos conflictos de política bilateral.

Tanto el juez como el fiscal deberán evaluar si hacen lugar o no a este pedido de Uberti, así como a una batería de medidas que recomendaron diputados de la Coalición Cívica. Los legisladores figuran como denunciantes en la causa, pero no son querellantes, por lo que sólo pueden sugerir citaciones y acercar pruebas.

Entre las medidas que deberá definir Ercolini esta semana se encuentran, por ejemplo, las declaraciones testimoniales del ex defensor del pueblo Eduardo Mondino, el senador opositor cordobés, Luis Juez, el actual titular de CAFMA, José María Alustiza, y el dirigente rural, Eduardo Buzzi, todas impulsadas por el fiscal. A esto se sumarán las disposiciones que tome Ercolini en relación con el expediente por supuestos sobreprecios en la venta de maquinaria agrícola argentina a Venezuela de la Defensoría del Pueblo, que llegó al final de la semana pasada al juzgado.