El dueño del fondo Elliott, Paul Singer, no pudo con su genio y tan sólo cuatro días después de haber alcanzado junto con otros buitres un acuerdo por u$s 4.650 millones, ingresó formalmente una apelación contra la Argentina.
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Lo hizo con los otros tres holdouts ganadores originarios del juicio "pari passu", todos hedge funds. A través de sus abogados, Singer había adelantado su maniobra. Durante la audiencia celebrada el martes pasado ante el juez Griesa, el letrado Ted Olson, solicitó que el magistrado amplíe por 30 días el plazo existente para decidir si levanta las restricciones contra el país. Se trata de un pedido que fue compartido con el resto de los que ganaron el fallo "pari passu", y la justificación al respecto fue que, de esta forma, el resto de los holdouts que aún no habían acordado podían tener más tiempo para negociar con el país.
Una solicitud al menos llamativa y que da cuenta de que Singer pretende presionar según sus máximas posibilidades y hasta que la Argentina pague el último centavo que le debe. Lo que para algunos es la codicia en su máxima expresión, para Singer es un tema de simple reputación. Siempre se jactó de ser uno de los fondos de riesgo más rentables del mundo, que desde su fundación en los 70. El comunicado que envió Pollack días atrás, en el que reveló que Singer se involucró personalmente para lograr cerrar luego de 15 años un acuerdo con la Argentina, lo calificó como "un negociador duro pero justo", con lo que reforzó de algún modo el ego del magnate.
El acuerdo con los cuatro fondos en cuestión tiene una cláusula en la que se establece que la Argentina pagará la suma de u$s 323.000 adicionales en una especie de interés punitorio por cada día que transcurra sin haberse efectivizado el pago, tomando como fecha el 29 de febrero y como tope el 14 de abril. Singer se llevará un adicional de al menos u$s 5,5 millones, si se calcula que con tratamiento en comisiones y en recintos de ambas cámaras, el proyecto podría convertirse en ley en el mejor de los casos el 18 de marzo. Aunque en la propia ley sostiene que ésta comenzaría a regir a partir del 1 de abril, lo que casi duplicaría la cifra estipulada en intereses.
