12 de agosto 2010 - 00:00

Nuevos gualichos para que aumenten préstamos

Si bien en la actualidad el sistema financiero brinda muchos otros servicios, su tarea básica es intermediar el ahorro de una comunidad transformándolo en crédito para consumidores, productores o para el sector público. Por lo tanto, para que haya préstamos tiene que haber depósitos, y este «insumo» no es de los bancos sino de los ahorristas que se lo confiaron. No es cierto que su función sea esencialmente prestarle a determinados sectores o financiar un «modelo productivo», como dicen muchos políticos y economistas. Sin embargo, en la Argentina, los funcionarios públicos han tendido a usar los recursos que están en los bancos como instrumentos de política económica. Así nuestra historia se plagó de confiscaciones de ahorro, para financiar los gastos excesivos de gobiernos (Plan BONEX, de 1989) o para subsidiar a sectores (a los deudores en dólares «pesificados» con los recursos de los depositantes de moneda extranjera, en 2002).

Desde el Estado, se siguen dando señales en este sentido, como cuando se fuerza a las entidades financieras a otorgar determinado tipo de crédito o se les fijan las tasas que deben cobrar. Esto es una clara violación de los derechos de los depositantes que eligieron al banco que consideraron les brinda una remuneración adecuada y el mejor manejo de los ahorros que ellos le confiaron.

Este avasallamiento es permanente y el resultado está a la vista. Los argentinos no usamos los bancos para ahorrar. Los depósitos totales rondan el 25% del PBI mientras en los países «serios» por lo menos duplican ese ratio. Usamos al sistema financiero como un «segundo bolsillo», por motivos transaccionales. El 75% de las imposiciones están a un plazo menor a 90 días. Por lo tanto, con esta disponibilidad de recursos, ¿con qué fondeo esperamos que los bancos den créditos baratos y de largo plazo?

Queda claro que lo primero que hay que lograr para que haya más préstamos bancarios es que la gente confíe en el sistema financiero argentino. Sin embargo, el proyecto de reforma de la ley que rige este sector, presentado por el diputado Carlos Heller en el Congreso, va en el sentido contrario. Lo declara «servicio público» y con esa excusa, incrementa las posibilidades de intervención de los funcionarios estatales, lo cual garantiza que la intermediación bancaria en la Argentina continúe en vías de extinción.

El sistema financiero es importante para la economía pero eso no la transforma en un servicio público. Con ese criterio, son más esenciales la producción y comercialización de alimentos. En la Argentina hay 85 entidades financieras y un grado de concentración que es más bajo que el de la mayoría de los países comparables. No tiene sentido hablar de las virtudes de promover la competencia para mejorar los servicios a los consumidores y, al mismo tiempo, dificultar el ingreso de instituciones extranjeras o limitar la capacidad de expansión de una entidad a un 8% de los depósitos o los créditos del sistema. Tiene que haber mecanismos que controlen que no pueda tener una posición dominante que impida la competencia, pero no depende necesariamente de su tamaño.

Tampoco tiene sentido obligar a los bancos a prestarles un determinado porcentaje (no menos del 38%) de su cartera a las pymes. Cada entidad tiene su estrategia crediticia y, con ella busca maximizar la relación rendimiento/riesgo asumido con los depósitos que le confiaron. Otra aberración es pretender fijarle límites a la tasa de interés que cobren por los préstamos a las pymes. Esto derivará en que las entidades, con el dinero de los ahorristas, tendrán que asumir más riesgo por un menor rendimiento, lo cual las vuelve menos sólidos. Así, estamos restándole confiabilidad al sistema financiero por lo que habrá menos depósitos y menos crédito para todos.

La reforma de la Ley de Entidades Financieras tiene que ir justamente en el sentido inverso. Debe establecer condiciones de respeto de los derechos de los usuarios del sistema financiero por parte de las entidades y del Estado. Además, debe buscar la mayor bancarización posible, facilitando el acceso a una cuenta bancaria básica. Promover la competencia entre los bancos, sin restringir los incentivos a brindar mayor, mejor y más baratos servicios a los usuarios.

El proyecto Heller promueve que se asuman más riesgos con los fondos de los ahorristas, cuando en el mundo la tendencia es a controlar que hagan un manejo prudente de esos recursos.



(*) El autor es director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de la Argentina (CIIMA-ESEADE).

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