Obama apura el ajuste en automotrices y bancos

Wall Street y Detroit son las dos zonas de trincheras en las que el Gobierno de los EE.UU. se enterró hasta la cintura. Allí evitó la zozobra, pero no decidió el resultado de ninguna batalla. Y es comprensible que el presidente Obama no quiera estancarse en el fango maloliente de estos nuevos Somme y Verdún, y prefiera correr los riesgos de pasar a la ofensiva. La convocatoria de Chrysler es el emblema inequívoco de la nueva estrategia en el frente automotor. No fueron los acreedores minoritarios los que la decidieron sino el Gobierno que demandó condiciones drásticas que no pudieron aceptar. El percance estaba contemplado en los planes. Así, el destino de Chrysler es también una lección para los demás. Como en Somalia, cuando hubo que liberar al capitán marino mercante de sus captores, la orden de Obama es contundente. Identificados los objetivos, llegó el turno de abrir fuego. Que se sepa que a Obama no le tiembla el pulso, pese a sus modos suaves, es una manera de poner otras barbas en remojo.

Fue el Gobierno el que aceleró los tiempos de Chrysler. La Fuerza de Tareas Automotriz montó el guión puntilloso de una negociación dura con accionistas y sindicatos y, sobre todo, punitiva con los acreedores; sin márgenes para acomodar discrepancias. La amenaza de llevar la compañía a la Corte - bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras (tal cual aconteció)- fue el estímulo visible para que avanzaran las conversaciones. Bajo la mesa, empero, se empleó la verdadera presión. Sucede que los principales tenedores de deuda financiera garantizada («secured») son bancos, a su vez, receptores de la ayuda del Estado a través del plan TARP (y, desde ya, sujetos de regulación gubernamental). Sin embargo, la iniciativa se probó demasiado audaz para prosperar de un solo golpe de cincel. El milagro no se produjo. Los grandes bancos concedieron lo que se les pedía pero los acreedores minoritarios, no. Todo sugiere que las autoridades, como ya ocurriera en la compra de Merrill Lynch por parte de Bank of America, no ahorraron recursos a las malas artes. Los disidentes alegan que no tuvieron siquiera acceso a la mesa de negociaciones; que su representación fue ejercida por JP Morgan, impuesta desde arriba, en obvio conflicto de intereses. Su rechazo refleja, en última instancia, la expectativa de que la Corte les reconozca su status superior al de otros participantes subordinados que se llevan una mejor tajada. Así ocurriría en un caso convencional carente de dimensión política. Pero la suerte de Chrysler es todo lo contrario. Tanto como para que el propio Obama tomara cartas en el asunto en un pronunciamiento excepcional por tratarse, a esa altura, de una cuestión a dirimir por la Justicia. El Presidente identificó a un grupo de «firmas de inversión y hedge funds» como los responsables de la falta de un acuerdo, renuentes a hacer sacrificios como «todos los demás» en procura de un «injustificado rescate con cargo a los contribuyentes». Para que no queden dudas de su posición, Obama dijo que no está con ellos sino «con los empleados de Chrysler, sus familias y sus comunidades». Con el paso del tiempo erosionando el valor de los activos y el marco de plantas cerradas y personal ocioso será el juez Arthur González, el mismo que resolvió los casos Enron y Worldcom, quien deberá expedirse.

El Gobierno apuesta a un procedimiento de quiebra «rápido y quirúrgico» (30 a 60 días) del que emerja una nueva Chrysler libre de ataduras, capitalizada y competitiva. Esta compañía le compraría a la vieja Chrysler todos sus activos a cambio de un pago de 2 mil millones de dólares (con dinero público) a los acreedores. El plan de salud de los retirados sería el principal accionista con un 55% del paquete, pero elegiría un único director.

Directores

El Tesoro tomaría el 8% del mismo pero nombraría cuatro directores y llevaría, sin ambages, la voz cantante. El desembarco de FIAT le daría tres asientos en el Directorio (y el 20% del capital con opción a más). Los accionistas actuales -Cerberus y Daimler- perderían toda participación. El Estado proveería abundante crédito adicional para lubricar la reestructuración. Ello incluye 3 mil millones de dólares en financiamiento DIP -»debtor in possession»- durante el período de permanencia en el Capítulo 11, 6 mil millones para facilitar la alianza estratégica con FIAT y un paquete de 4.700 millones a mediano y largo plazo. En su versión estilizada, la iniciativa combina el control estatal del Directorio, la nacionalización sólo parcial de la firma y la inyección de nuevos recursos públicos; una clara determinación del rumbo de los negocios y la selección de un socio estratégico (que tomará las decisiones del día a día e introducirá el know how de los autos pequeños); la flexibilización de las condiciones laborales y de los planes de beneficios y un sablazo drástico a la deuda financiera de arrastre. El Gobierno propone una quita del 70%. Los acreedores minoritarios aceptan un 40%. La diferencia -2.070 millones de dólares- no luce insalvable. Ratifica, más bien, la presunción de que el Gobierno precisa que Chrysler sea un caso testigo, y un mojón político, de cara a otras exigencias. Y no es sólo GM lo que está en la mira.

La otra trinchera es Wall Street. Es un laberinto infinitamente más complicado. Pero del que, con más razón, también conviene salir. Los resultados de las pruebas de estrés se iban a difundir hoy, pero quedarán para el jueves. Ocurre que ganó cuerpo la idea de quemar etapas. Se sabrá no sólo la situación del sistema sino un detalle pormenorizado banco por banco. Cada institución ya conoce sus notas de examen y presentó sus descargos. Los globos de ensayo (con referencias adversas a Citigroup y Bank of America) se soltaron la semana pasada y los mercados -que ahora sintonizan el modo rally- respondieron sin alarma. Y así como en diciembre nadie daba una moneda por Detroit y hoy se distingue a Ford de Chrysler, las pruebas de estrés podrían servir para desagregar la percepción del problema y, en un objetivo de máxima, rebajarlo del plano sistémico al más acotado de pocas entidades, aisladas, con escasez de capital. Va de suyo que el tratamiento de shock para los bancos pequeños está habilitado y a cargo de la FDIC (ya liquidó siete en los dos últimos fines de semana y 32 en lo que va de 2009) pero, si los mercados resisten, el enfoque Chrysler/GM podría comenzar a aplicarse antes de lo previsto en entidades de mayor porte. Y la presión trepará hasta lo más alto. Versiones como las que indican que Citi vendió Nikko Cordial Securities a SMFG en Japón por 7.900 millones de dólares tienen pleno sentido. Aumentar el capital tangible es lo que exigirá el Tesoro, y la transacción le daría a Citi una inyección de 2.500 millones de dólares. Es un buen recaudo para mostrar antes del jueves y así alejar el fantasma de una nacionalización a gran escala.