Si el segundo mandato de un presidente es clave para fijar su legado, el de Obama se ha llenado hasta ahora de dolores de cabeza: la revelación del excesivo escrutinio a grupos conservadores del servicio de recaudación de impuestos (IRS), las escuchas telefónicas a la agencia AP y a un periodista de Fox News, y el caso de la operadora telefónica Verizon, revelado ayer por The Guardian.
Sumada a los recientes escándalos, esa práctica subraya la percepción de que la Casa Blanca de Obama se está extralimitando al interpretar sus atribuciones en materia de seguridad, una idea a la que no ayuda la promesa incumplida de cerrar Guantánamo (Cuba), donde continúa rigiendo, con ciertos cambios, la política de Bush.
"Bienvenidos a la era de Bush-Obama, un período de dieciséis años en la historia estadounidense que será recordado por una erosión sin precedente de la sociedad civil y una falta de respeto a la transparencia", escribió ayer el analista Ron Fournier, director editorial de la revista National Journal.
Fournier argumenta que, "en la guerra contra el terrorismo y sus traicioneros efectos colaterales, Estados Unidos podría haberse saltado las elecciones de 2008", porque "no cambiaron nada".
Bush también recurrió a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) para registrar las llamadas telefónicas de los ciudadanos, una práctica que fue revelada en 2006. Hasta ahora, se desconocía si Obama había continuado esa práctica.
Steve Vladeck, un experto en derecho constitucional y jurisdicción federal de la American University, recordó ayer que, para hacerse con los registros de Verizon, la Casa Blanca se amparó en la sección 215 de la ley antiterrorista Patriot Act de 2001.
Esa disposición permite al Gobierno acceder a "un amplio rango de registros de negocios" siempre que certifique que lo hace dentro de una investigación "para proteger contra el terrorismo internacional o actividades clandestinas de inteligencia".
"Creo que lo nuevo aquí es la idea de que los registros telefónicos ordinarios, de llamadas entre dos partes privadas, cuenten como archivos de negocios de una compañía, como Verizon", dijo Vladeck. "Lo alarmante no es que el Gobierno esté obteniendo datos sin sospechas individualizadas, sino que está usando la provisión de acceder a registros de negocios para conseguir información de personas privadas, que no están implicadas en lo que solemos concebir como transacciones empresariales", subrayó.
Para muchas organizaciones civiles, no obstante, el hecho de que la práctica tenga una base legal desde hace casi doce años no justifica que el Gobierno de Obama siga recurriendo a ella.
"Esto va más allá de lo orwelliano, y es otra prueba más del punto hasta el que los derechos democráticos básicos se están sacrificando en secreto para satisfacer las demandas de agencias de inteligencia que no rinden cuentas", dijo James Jaffrey, subdirector legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). "Los grupos de libertades civiles saben desde hace tiempo que el Gobierno tiene estas autoridades, y hay muy poco apoyo en la opinión pública y el Congreso para reducirlas", agregó.
| Agencia EFE |
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