NO HABRÁ "CONVENIO MACRO" SINO UNA SERIE DE PEDIDOS DE COOPERACIÓN EN CADA CAUSA QUE SE INSTRUYA; IMPACIENCIA BRASILEÑA - Contrapropuesta requiere consenso local antes de ser enviada. Impide que exejecutivos sean acusados con los testimonios y pruebas que aporten, pero no cierra la puerta a que se los investigue. Aunque Ministerio Público vecino firme, Superior Tribunal Federal deberá avalar.
feria. Los camaristas Mariano Llorens y Martín Irurzun definirán en las próximas 72 horas si ratifican la medida cautelar que dictó Daniel Rafecas contra el reclamo de $1.500 millones que había iniciado Odebrecht ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa.
Pese a que desde Brasil se anunció como un hecho un acuerdo de cooperación entre ese país y la Argentina para compartir los hallazgos y pruebas en el marco de la causa Lava-Jato que puedan influir en el capítulo argentino del escándalo por sobornos, aún resta un camino tortuoso para que eso se traduzca en acciones concretas. Hasta hoy, solo se dieron trazos gruesos al marco legal que las autoridades locales podrían ofrecer a sus pares brasileños que imponen como único requisito que no se persiga penalmente a ninguno de los delatores que hayan sellado acuerdos con el Ministerio Público Fiscal con las pruebas ofrecidas- antes de la firma. Pero además, esos términos deberán ser consensuados con los fiscales de Comodoro Py que llevan adelante los cinco expedientes abiertos vinculados a las posibles coimas a exfuncionarios, en connivencia con empresas constructoras criollas. Como si fuera poco, existe otro obstáculo antes de que el grifo pueda ser abierto realmente: la relatoría especial dentro del Superior Tribunal Federal de Brasil es el "dueño" de la prueba debe definir si autoriza que testimonios, documentos y datos son compartidos a otros países. El cómo y el cuándo serán elementos centrales, si finalmente accede.
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Esta semana se trabajará sobre el borrador para enviar a Brasil que ya tuvo intercambios informales: según confirmó Ámbito Financiero, las restricciones al uso de la información que se obtenga es el punto central. Qué se usa y cómo se usa, descartando que los delatores puedan ser acusados con pruebas que ellos mismos hayan aportado en sus confesiones. Y la aceptación argentina de que no pueden ser acusados de delitos por los que ya hayan sido condenados en suelo extranjero. Por fuera de esta garantía queda la prueba que por vía independiente pudiera obtener la Justicia local. Habrá en la propuesta al Ministerio Público de Brasil un convenio por cada pedido de cooperación que exista, es decir que se fraccionan en primer término por expediente. No podrán compartirse salvo que se renueve la autorización. Brasil ha flexibilizado sus pretensiones, en parte porque también existe voluntad de cerrar ese asunto. Su principal duda que es también compartida por Odebrecht- es si en caso de una eventual sentencia, podría ser utilizada para "acciones extrajudiciales" como una demanda por reparación civil. De hecho, el principal "colaborador" para desentrañar la madeja del "Lava Jato" en Brasil ha sido la propia constructora. Fue la misma duda que transmitieron las autoridades de Estado Unidos cuando convocaron a jueces y fiscales argentinos a "mirar" las pruebas del Departamento de Justicia que sirvieron como primer indicio: "¿Qué es lo que van a hacer para que no quiebre la empresa?", preguntaron antes de compartir información.
Hubo una reunión de trabajo el viernes y habrá otra esta semana entre las autoridades argentinas que están llevando a cabo la negociación que incluyen la OA, Cancillería y la Procuración General con un objetivo de delinear un borrador en los próximos 15 días. Se analizó la propuesta brasileña y se plantearon alcances posibles y alternativas para volver viable el acuerdo. No se cerró ningún texto definitivo. Deberá pasar también el tamiz de la Procuración Nacional del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías. Se consensuó separar las firmas tanto por el soterramiento del Sarmiento como por las Plantas Potabilizadoras y los Gasoductos. En los próximos días se dejará del lado brasileño la aceptación o no de la contrapropuesta que tuvo guiño favorable desde el Ministerio Público de Brasil.
Sin embargo, más allá de las firmas de la fiscalía brasileña, Edson Fachin es el hombre fuerte del "Lava Jato" en el STF y el que deberá autorizar el envío de prueba documental en última instancia. El secreto que tengan será la clave, aunque también se deberá discutir si pueden ser utilizados como prueba directa en nuestro país o se exigirán mayores requisitos para que sean válidas.
En paralelo, la brasileña Odebrecht concurrió ayer a los tribunales en plena feria- para defender su apelación al congelamiento del trámite por el que reclama $1.500 millones por resarcimiento a una obra rescindida por la administración Cambiemos de gasoductos sospechados de irregularidades en su otorgamiento. Del otro lado, la Oficina Anticorrupción (OA) respaldó la decisión que le solicitó al juez Daniel Rafecas para evitar que la compañía avance en su reclamo ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio que se compone de $457 millones más u$s45.281.205,30. La empresa sostuvo que la Justicia federal no es competente y que ninguno de sus ejecutivos fue alcanzado por un procesamiento aún. La OA contrapuso que si la propia firma admitió en Estados Unidos haber pagado u$s35 millones en "propinas" no puede exigir una indemnización fruto de una licitación direccionada y cuyo contrato contiene la posibilidad de litigar como si hubiese un conflicto "entre privados" cuando el Tesoro es el que tendrá que hacer la erogación del dinero. Por lo bajo, funcionarios argentinos sostienen que el "run-run" de un acuerdo fue fogoneado por la propia Odebrecht que pelea por salir de su status de vetada y volver a quedar habilitada para realizar grandes obras en el país. Sorprendió que el MPF de Brasil haya sido tan elocuente y explícito en su comunicado.
Hace rato que la firma salió de la lista negra y volvió a obtener contratos en territorio carioca y hace una semana suscribió un acuerdo de lenidad para devolver u$s697,5 millones como reparación, aunque en un lapso de 22 años. Unos 114 corresponden a una multa y el resto son los beneficios que percibió por haberse alzado con las obras cuestionadas. La Cámara Federal se comprometió a resolver la cautelar por la que habilitó la feria en las próximas 72 horas. Martín Irurzun y Mariano Llorens serán quienes estampen sus firmas antes de que haya "cambio de guardia" en la Cámara por el receso invernal. Odebrecht declinó hacer declaraciones ante la consulta de este diario. Nada indica que los camaristas vayan a retirar la cautelar.
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