Oficialismo estira a dos años cláusula sobre desinversión

Sonia Escudero, Guillermo Jenefes

El kirchnerismo soprendió en el recinto al asegurar que el más polémico de todos los artículos, el 161, conocido como cláusula de desinversión, no se aplicaría taxativamente tal cual estaba redactado. Ese apartado establece que las empresas audiovisuales que no se adapten a la nueva regulación tendrán un año para desprenderse de todos sus activos. Pero el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, intentó desarmar la ofensiva de opositores y kirchneristas díscolos, como Guillermo Jenefes, al asegurar que ni la seguridad jurídica ni los derechos adquiridos se verían afectados por ese plazo: «Voy al artículo 161, a este famoso artículo 161, donde nos imputan que hacemos coacción sobre las empresas para la desinversión; que tienen un año, plazo relativamente corto. El tema del plazo ya lo explicó el senador Nicolás Fernández. No es un año. Son más de dos años. Hay que conformar la estructura de la autoridad de aplicación, el Consejo Federal; hay que determinar también las pautas de la transición. En fin, son más de dos años».

Rechazo

Pero tanto radicales como socialistas y la Coalición Cívica rechazaron la modificación «de facto» planteada por Pichetto en el recinto y adujeron la violación de los derechos adquiridos de los licenciatarios. La más enfática fue la peronista disidente de Salta, Sonia Escudero, quien puso de manifiesto la contradicción de la ley con un decreto dictado por Néstor Kirchner cuando era presidente: «No podemos no referirnos nuevamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 527 de 2005, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner. Ahí se suspendió por diez años el transcurso de los plazos de las licencias. Esto, obviamente, ha generado derechos a los licenciatarios. Si se aprueba el artículo tal como está, se están cambiando las reglas de juego».

Advertencia

Escudero también advirtió sobre las consecuencias económicas que tendrá la aprobación del artículo 161, ya que podría disparar una ola de juicios contra el Estado, no sólo de empresas de medios sino también de las provincias. «El Estado puede modificar un orden preestablecido cuando considere que éste afecta al bien público, pero lo que no puede ni debe desconocer son los derechos de quienes, siguiendo trámites regulares y adaptándose a la normativa vigente, se hicieron titulares de licencias que hoy son derechos adquiridos, que pertenecen a su patrimonio y que no pueden ser enajenados o, al menos, no sin la correspondiente denominación. El Estado va a ser, sin dudas, sujeto pasivo de millonarias demandas», se quejó Escudero. Y recordó la postura del titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, el kirchnerista jujeño Jenefes: «El senador Jenefes referencia a la inseguridad jurídica que plantea este decreto de necesidad y urgencia por cuanto fue expresamente ratificado por una de las Cámaras y no por el Senado».