Oficialismo en vilo ante fallo de Cámara: tratan el caso Nisman

Daniel Rafecas, Jorge Ballestero y María Servini de Cubría

 La denuncia por supuesto encubrimiento de la causa AMIA formulada por Alberto Nisman ingresará mañana en un capítulo crucial cuando la Cámara Federal decida sobre la apelación del fiscal Gerardo Pollicita contra la decisión del juez Daniel Rafecas de no impulsar el expediente. Anoche, en el Gobierno crecían las especulaciones sobre un fallo supuestamente favorable que emitiría la Sala I. Se descuenta que en ese escenario el debate se elevará a la Casación Penal, pero para ese entonces ya se contabilizarán al menos tres jueces que eludieron abrir el caso sin agregar a María Servini de Cubría, que directamente no habilitó la feria judicial de enero para tratar la última denuncia de Nisman.

Servini tiene un rol protagónico que supera con creces su papel lateral de la feria estival. Fue la primera que expresó, en un almuerzo para pocos, las ideas que luego Rafecas plasmó en su fallo. En esa ocasión contó que antes de definir conversó con Ariel Lijo sobre si éste conocía algunas de las evidencias que Nisman decía tener contra la presidente Cristina de Kirchner y los funcionarios de su administración. La respuesta fue negativa. Con Rodolfo Canicoba Corral directamente ni siquiera valía la pena intentar: el propio juez se encargó semanas más tarde de develar lo fría que era su relación con Nisman y más aún con el espía "Jaime" Stiusso, a quien siempre acusó por las filtraciones mediáticas que reflejaban su nivel de vida. Un rencor sigiloso, pero que alcanzó para unir a Canicoba con Claudio Bonadio, otro enemigo del exgerente de la clandestinidad.

En las semanas previas a la audiencia del pasado jueves se creía que el camarista Jorge Ballestero debería definir entre un Eduardo Freiler dispuesto a confirmar a Rafecas y un Eduardo Farah más cerca de Gerardo Pollicita. En las últimas horas los pronósticos más reservados hablan incluso de una supuesta unanimidad a favor de Rafecas. Como suele suceder en estos casos, el Derecho nunca está a la altura de la política y prueba de ello son los encuentros de los últimos días. Gestores de diverso origen llegaron a lo impensado con tal de reunirse aunque sea unos minutos con Julio Ballestero, hermano del camarista de la Sala I y de buen predicamento sobre su línea jurisdiccional. En tertulias del radicalismo se mencionó incluso un contacto motivado por Enrique Nosiglia. El resultado habría motivado la desolación de la diputada Laura Alonso en la prensa matutina.

Votar ahora contra la denuncia de Nisman aparece como un giro menos traumático que cuando se organizó la marcha del 18-F. En ese entonces poco y nada se conocía de la vida personal del fiscal y menos aún de los emprendimientos en la plaza financiera de Wall Street que denunció el informático Diego Lagomarsino. En paralelo, los mensajes del oficialismo para con los jueces son más flexibles y con un tono de menor belicosisdad.

Esa metamorfosis es producto de la necesidad estratégica de una campaña sin grandes altercados ni diligencias inquietantes. Todo es una cuestión de tiempo, al punto que en las conversaciones más exclusivas se recuerda que la desestimación de Rafecas no implica cosa juzgada y que si "alguien" aportara nuevas evidencias, el caso podría reabrirse sin inconvenientes. Para el Gobierno, el problema no estaría en el fondo, sino en el transcurrir del expediente.

Por cierto, el pasado viernes Aníbal Fernández firmó el aumento salarial requerido por la Corte Suprema de Justicia para todo el Poder Judicial que en esta ocasión trepa al 10%. No existieron demoras administrativas y el jefe de Gabinete aseguró respuestas más veloces ante este tipo de pedidos que cuando estaban en funciones sus antecesores. Influye en esto además que el administrador general del Poder Judicial integra el grupo Justicia Legítima.

El escenario de una resolución unánime en la Cámara en cuanto a la denuncia de Nisman podría implicarle daños colaterales al oficialismo, especialmente si el juez Farah se abstiene o vota en sintonía con Rafecas. Ese voto en esta cuestión reforzaría aquellas especulaciones que ya dan por sellada una tregua entre el Gobierno y los sectores díscolos de las clandestinidad allegados al fuero federal. Entendimientos que tienen efectos en ámbitos externos a Comodoro Py, como la UBA, donde ahora gana hándicap la teoría de que en un futuro no muy distante el abogado Darío Richarte (ex número dos de la SIDE) volverá a ocupar su cargo de vicerrector en la universidad que conduce Alberto Barbieri, de buena relación con el oficialismo.

En los sectores más enemistados al kirchnerismo en el fuero federal se reconoce por estas horas como un punto en contra no haber logrado encontrar aunque sea un jurista de prestigio que respaldara el texto de Nisman. Incluso Luis Moreno Ocampo, habitualmente crítico del Gobierno, dijo no haber hallado evidencias en la denuncia contra funcionarios.