Once: empresario Cirigliano, ante el juez

Claudio Bonadío

Claudio Cirigliano, quien tiene a su cargo la concesión de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), presentó un escrito a través de su defensa en el que se puso a disposición del juez que investiga el accidente de la estación de tren de Once, Claudio Bonadío. La misma presentación espontánea hicieron el vicepresidente de

Cometrans, Oscar Gariboglio, y los directivos de esta empresa, Alejandro Lopardo, José Portas y Marcelo Calderón, todos ellos representados por el penalista Oscar Gariboglio.

En el escrito presentado en el juzgado se informó quién es su defensor y se pidió copia del expediente, al cual sólo pueden acceder quienes son parte en la causa. La situación de Cirigliano y los integrantes de Cometrans recién se resolverá si el magistrado los cita a declaración indagatoria. Por el momento, el juez prohibió la salida del país del titular de TBA, así como del exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi; el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna: el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro; y otros directivos de la empresa, a modo de medida preventiva.

En la pesquisa por la tragedia ocurrida el 22 de febrero pasado, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas, sólo está imputado formalmente el motorman de la formación, Antonio Córdoba. El conductor fue indagado por el juez poco después de ser dado de alta y aseguró en su declaración que el accidente se había producido porque había fallado el sistema de frenos del tren.

Las causas de la tragedia serán aclaradas en parte por las conclusiones de las pericias técnicas, que se iniciaron por orden del juez horas después de ocurrido el accidente y todavía están en proceso de análisis. Este informe es realizado por dos técnicos de la UBA y un especialista del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia, además de los técnicos de parte. A este análisis se sumarán los distintos informes y pruebas que presentaron en el juzgado de Bonadío tanto la concesionaria como la CNRT y la Auditoría General de la Nación, entre otras instituciones y entidades.

El magistrado ordenó, además, una pericia contable para analizar el destino de los subsidios que el Gobierno aportó a TBA desde 2007 y estableció un plazo de 30 días para su realización. Estas medidas apuntan a determinar si hubo responsabilidad de la empresa y de los funcionarios de Gobierno en la tragedia o si se debió exclusivamente a un error humano.