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Once: la lupa sobre la empresa
Los abogados de la compañía también han propuesto nuevas líneas para la instrucción. Comienza así un nuevo episodio de una puja que ya se libra en todos los terrenos del expediente. La consecuencia es inexorable: la definición sobre los procesamientos de los imputados continuará en stand-by.
El peritaje administrativo inicial constaba de 17 puntos a verificar. Las demoras comenzaron en los tres finales. La idea de los peritos era reconstruir la ingeniería financiera de TBA durante un mes de ejercicio normal. Una tarea por demás compleja si se considera que la empresa registraba cientos de movimientos presupuestarios por semana.
Ahora Bonadío también busca información sobre los accionistas del holding Cometrans, que controla a la empresa TBA. El juez quiere conocer los ingresos de estos ejecutivos y su participación en la empresa. Tiene especial interés en saber si los socios figuran como titulares en otras firmas menores, prestadoras de servicios y contratadas por TBA casi con exclusividad para tercerizar distintas tareas.
Por su parte los letrados de Cometrans recomendaron en la ampliación de la pericia que el juez se aboque a distintos aspectos administrativos, que expliquen la ruta de los subsidios estatales. Un aspecto que no han dejado de señalar es el de los sueldos, al afirmar que gran parte de los fondos públicos se gastaban en personal.
Esta pericia es un terreno álgido dentro de la causa. Fue a raíz del traslado de archivos que eran requeridos por los peritos, que Bonadío resolvió ordenar el arresto del titular de la empresa, Mario Cirigliano, y de su mano derecha -y principal estratega legal- Carlos Lluch. Luego la Cámara Federal lo forzó a dar marcha atrás con la medida y debió firmar la excarcelación.
En Cometrans se han convencido de que el juez busca elementos contundentes antes de definir sobre los procesamientos. Aseguran que hasta el momento la causa es pobre en pruebas y que este informe puede ser su última carta.


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