Oposición relanza hoy 10 leyes en Diputados (INDEC, en la mira)

Guillermo Moreno, Gustavo Marconatto, Elisa Carrió

Hace 15 días que la oposición no da pie con bola en Diputados. Hace una semana fue un error que le dejó al kirchnerismo la chance de levantar la sesión en la que se debatía un aumento en el mínimo no imponible de Ganancias. La desgracia hizo ayer lo suyo: ante el fallecimiento de un diputado oficialista, se volvió a suspender la sesión convocada para ese mismo tema que el Gobierno intenta frenar de cualquier forma (ver nota aparte).

Hoy la oposición tendrá la oportunidad de una revancha: sesionará la Comisión de Presupuesto y Hacienda para debatir una decena de leyes, todas destinadas a impactar en la caja del Gobierno. Son los proyectos que la oposición impulsa desde el año pasado y el kirchnerismo se negó a debatir cerrando la Comisión de Presupuesto. Fue necesario que el miércoles pasado el recinto de Diputados obligara a Eduardo Fellner y Gustavo Marconatto, presidente de Presupuesto y Hacienda, a que esa comisión se reuniera.

El temario por debatir hoy en una reunión conjunta incluye la reforma al INDEC, ONCCA, la coparticipación del impuesto al cheque, el proyecto para controlar la distribución de publicidad oficial, la ley de competitividad, una reforma al Impuesto a las Ganancias por la que se podrán deducir los alquileres y una modificación al Presupuesto 2010, presentada, entre otros, por Alfonso Prat Gay, por la que se ajusta la proyección de recursos que el Gobierno hizo votar para este año.

El paquete no termina allí: también están como temas de fondo la reforma al Código Aduanero para modificar el régimen de retenciones a las exportaciones al agro, la derogación de la tasa del 6 por mil que se aplica sobre la facturación de consumo eléctrico en todo el país y que va a un fondo para infraestructura eléctrica en Santa Cruz y la creación de una bicameral para revisar todas las leyes tributarias.

Estrategia

Hasta el paquete de proyectos impresiona: resume casi toda la estrategia que la oposición desplegó en el Congreso y que el kirchnerismo, con el reglamento bajo el brazo (votos para hacerlo no tenía) consiguió frenar hasta ahora.

Pero el hecho de haber conseguido hace una semana en el recinto que se ordenara a la fuerza a la comisión que sesione a pesar de la negativa de Marconatto a convocarla, no garantiza, por ahora, el éxito. La oposición deberá reunir el quórum en esa comisión, la más importante de la Cámara, ya que nadie puede obligar a los kirchneristas a sentarse a debatir los proyectos si quiere avanzar con los dictámenes.

De todo el paquete hay algunos temas que complican especialmente al Gobierno:

Por ejemplo, la tasa sobre la facturación de todos los usuarios del país para financiar enlazar a Santa Cruz con el sistema interconectado nacional. Las obras que se hicieron con la recaudación de ese fondo que le dio Carlos Menem a la provincia en 1989 siempre fueron objeto de leyendas locales, pero lo cierto es que todavía cada argentino recibe dentro de su factura un cargo de 6 por mil que va a ese fondo solidario.

Ahora se propone no sólo modificarlo, sino también exigir la liquidación de los fondos que durante todos estos años fueron recaudados en todo el país. De hecho, hace un mes hubo una protesta de grandes consumidores de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, en especial en el partido de La Matanza, reclamando una modificación en ese cargo.

La reforma al INDEC ya fue votada en el Senado, pero en Diputados no se acepta esa sanción que le da al Gobierno 150 días para avanzar con la normalización del organismo y el reemplazo del directorio.

Bajo las órdenes de Elisa Carrió, se rechaza ese plazo por considerarlo suficientemente largo como para que los Kirchner lo lleven hasta después de las elecciones presidenciales, tomando en cuenta los pasos que deben darse para convocar a concursos para la elección de los nuevos directores y a los empleados que fueron desplazados por la intervención de Guillermo Moreno. Así, se lo quiere acortar a 30 días y que los funcionarios y empleados desplazados sean reincorporados inmediatamente. Tampoco aceptan que el control de los concursos para elegir autoridades no quede bajo la órbita exclusiva del Congreso. Lo mismo argumentan sobre la posibilidad de que el organismo dependa directamente del ministro de Economía.