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Ordenan arresto de 129 represores del régimen de Pinochet
En una foto de archivo, Augusto Pinochet hace la señal del silencio cuando su Gobierno entraba en la recta final. La escena fue en Santiago en 1988.
El juez Víctor Montiglio solicitó la detención de 129 ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la temida policía política que operó en los primeros años del Gobierno de facto (1973-1990), acusada de ser la responsable de la mayoría de las 3.000 víctimas que dejó el régimen.
«En general, nosotros estamos investigando a todos los que tuvieron participación en los cuarteles, en la medida en que hayan intervenido, procurado o afirmado la situación de privación de libertad de las víctimas. Estamos mucho más cerca del final», dijo el magistrado a Radio Cooperativa.
Según fuentes judiciales, más de la mitad de los imputados nunca compareció ni fue mencionada en causas por delitos de lesa humanidad. Las órdenes de arresto se realizarán de manera escalonada a partir de hoy.
Desde que Montiglio asumió la investigación de estos casos en 2006, debió afrontar testimonios contradictorios y la negación de los crímenes por parte de los interrogados, hecho que retrasó su decisión.
Uno de los abogados del Programa de Derechos Humanos del Gobierno, Boris Paredes, afirmó que el juez pidió reserva sobre el nombre de los imputados, hasta que éstos sean notificados de su procesamiento durante la semana. «Se ha avanzado mucho, está avanzándose casa vez más en esclarecer la responsabilidad criminal de los delincuentes», agregó el letrado.
La acusación se refiere a uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, la Operación Cóndor, que coordinó a las dictaduras del Cono Sur en la década de los 70 para el exterminio de opositores izquierdistas.
Organizada por los servicios secretos de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y nacida en 1975, dejó centenares de desaparecidos, con alcances que aún son investigados. Por este plan fueron asesinados en Buenos Aires en 1974 el ex comandante en jefe del Ejército chileno Carlos Prats y su esposa, y en 1976 el ex canciller de Chile Orlando Letelier, en Washington.
La resolución incluye también la Operación Colombo. Se trató de un montaje creado en 1975 para encubrir la desaparición de 119 opositores, la mayoría miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Por este caso, el mismo juez ordenó en diciembre de 2005 el arresto domiciliario del fallecido Augusto Pinochet.
Además, la orden alcanza al llamado Caso Calle Conferencia, en mayo de 1976, que permitió la detención de 13 miembros del Partido Comunista chileno, que hasta la fecha permanecen en calidad de desaparecidos.
La disposición de Montiglio incluye a cinco oficiales retirados que nunca habían enfrentado a la Justicia, como César Manríquez, Manuel Karevic, Sergio Castillo, Fernando Cheneau y Luis Sovino. También a 45 suboficiales del Ejército y a 14 uniformados ya condenados por causas de derechos humanos, además de 14 ex miembros de la Fuerza Aérea, 11 ex marinos, 32 policías, seis agentes de la Policía civil y dos gendarmes.
Estos últimos habrían actuado como guardias y habrían realizado los traslados de los prisioneros políticos a diversos centros de detención clandestinos en Chile.
La resolución judicial, que elevó a casi 800 los militares procesados o condenados en el país por causas de lesa humanidad, fue calificada «de gran importancia y contundencia» por la vocera de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García. El Gobierno, en tanto, no comentó el fallo.
Bajo la dictadura de Pinochet, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado y, de ellas, unas 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
La orden surge en momentos que arrecian las críticas al Gobierno de Michelle Bachelet y el Ejército por la contratación de ex represores en las filas de la institución castrense. El escándalo se incrementó ayer luego de que activistas de DD.HH. y la Cámara baja pidieron explicaciones sobre el informe dado a conocer el lunes por el diario La Nación.
Las informaciones, avaladas en las nóminas de personal de las entidades denunciadas, indican que los ex agentes recibieron entre 2008 y 2009 pagos regulares a honorarios por miles de dólares. «Hay 13 (ex agentes) que trabajan en el Ejército. Seis contratados y el resto a honorarios», admitió ayer el ministro de Defensa, el ex cadete Francisco Vidal.
Agencias AFP, EFE y ANSA
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