14 de julio 2010 - 00:00

Otro procesamiento para Jaime por incumplimiento

Ricardo Jaime
Ricardo Jaime
Ricardo Jaime fue nuevamente procesado, esta vez por haber desobedecido una orden judicial que le indicaba suspender una licitación supuestamente irregular. Lo dispuso el juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, quien además dictó un embargo de $ 30 mil sobre los bienes del ex secretario de Transporte.

El nuevo revés judicial para Jaime con una denuncia del presidente de Trenes Especiales Argentinos (TEA SA), Emilio Raúl Franchi, contra el ex funcionario a raíz de supuestas irregularidades en la licitación para concesionar el ramal del servicio interurbano de pasajeros del corredor Buenos Aires-Posadas del ex ferrocarril Urquiza.

La empresa acusó a Jaime de presuntamente desatender «los compromisos asumidos con la provincia de Corrientes, avasallando el orden federativo e intentando concesionar un ramal ya otorgado». Según el denunciante, TEA había obtenido en 1995 el derecho de explotación de ese ramal por 30 años, a través de un convenio firmado por la provincia de Corrientes y suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional.

A pesar de este contrato, la Secretaría de Transporte llamó a una nueva licitación en 2005, lo que originó tres acciones de amparo por parte de TEA. Un juez de primera instancia de Corrientes hizo lugar al planteo y dictó una medida cautelar hasta que se resolviera la cuestión de fondo.

En este punto empezaron las confusiones, ya que en 2006 Jaime dispuso reanudar el proceso licitatorio. Este hecho generó una nueva denuncia contra el ex funcionario por incumplir una orden judicial.

Respecto de esta causa, Martínez de Giorgi tuvo que desandar sus pasos: en un primer momento sobreseyó al ex funcionario (en agosto de 2009), resolución que fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones, al considerar que el fallo había sido «prematuro» y que se necesitaban nuevas medidas de prueba.

El juez acató lo indicado y citó nuevamente a Jaime a indagatoria en junio pasado. A través de un escrito, el ex secretario de Transporte sostuvo que «desconocía que la medida cautelar dictada (...) se encontraba vigente por haber sido apelado el auto que declaraba su caducidad», entre otros argumentos.

Pero esta vez, la suerte judicial de Jaime ya se había extinguido. En su nuevo fallo, Martínez de Giorgi señaló que «la versión del Sr. Jaime no tiene asidero de entidad suficiente» ante las pruebas que habían sido reunidas por el tribunal y que, en base a ellas, se encontraba acreditado «que efectivamente el encausado incurrió en el delito de desobediencia previsto y reprimido en el art. 239 del Código Penal».

El juez también indicó que «debe tenerse en consideración que la licitación sustanciada y llevada a cabo en el seno de la Secretaría de Transporte de la Nación se encontraba a cargo y a la decisión final que sobre el proceso adoptara el señor Jaime en su calidad de funcionario y autoridad máxima del organismo, por lo que la responsabilidad del hecho objeto de investigación recae en su persona». Y destacó que en el propio descargo de Jaime se advertía «su notorio conocimiento del estado de tramitación de los expedientes sustanciados en la Justicia Federal de la ciudad de Corrientes».

El segundo procesamiento contra el ex secretario de Transporte fue dictado sin prisión preventiva, debido a la calificación del delito, pero sí se le trabó un embargo por $ 30 mil «ante la posibilidad de afrontar indemnizaciones civiles».

Esta cifra se suma a las medidas que ya dictaron los jueces Claudio Bonadío y Norberto Oyarbide sobre los bienes del ex funcionario. El primero procesó a Jaime por presunta aceptación de dádivas y lo embargó por $ 800 mil, mientras que en el segundo caso se aplicó la misma medida pero por unos $ 40 millones.

Si bien, en la causa que lleva Oyarbide, Jaime ni siquiera está formalmente imputado aún, ésta es la pesquisa que más complica al ex secretario de Transporte. El juez lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, pero la red de bienes y empresas a los que estaría vinculado es de tal magnitud que el caso probablemente derive en nuevas imputaciones.

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