Oyarbide, a cargo de denuncia de Macri por boicot

Norberto Oyarbide

La denuncia presentada por el Gobierno de la Ciudad sobre el supuesto boicot a la conformación de la Policía Metropolitana, que habrían impulsado el Gobierno nacional y la Policía Federal, no anuncia un destino muy alentador: el juez federal a cargo, Daniel Rafecas, se pronunció incompetente en el caso y remitió el expediente a Norberto Oyarbide por conexidad con la causa de las intervenciones supuestamente ilegales de los teléfonos del empresario Carlos Ávila y de Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA, entre otros.

Mientras, avanza la pesquisa de las pinchaduras, y el Gobierno de Mauricio Macri es cada vez más cuestionado por la oposición por las posibles vinculaciones entre funcionarios y ex funcionarios porteños y el supuesto espía Ciro James. El intento de avanzada del macrismo contra la fuerza federal y el Ejecutivo -a quienes acusaron de supuestamente haber infiltrado al ex policía en el Gobierno de la Ciudad- tiene pocas posibilidades de avanzar en manos del juez que investiga lo contrario. Sobre todo si se tiene en cuenta que el jefe de Gobierno y Oyarbide protagonizaron fuertes cruces en las últimas semanas.

Así, el juez que dijo públicamente que la red de espionaje que pesquisa era «una verdadera Gestapo» y que no deja de indagar sobre las supuestas conexiones de ésta con el Gobierno porteño deberá hacerse cargo de una denuncia que, además, si bien lo acusó directamente, deslizó críticas a su proceder de manera lateral.

La denuncia presentada por el procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli, a instancia del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, también produjo una derivación que generó la apertura de una tercera pesquisa: por pedido del fiscal Luis Comparatore, el juez federal Sergio Torres investiga quién contrató como un supuesto «asesor informal» a Ciro James en el Ministerio de Educación porteño.

Contratos

Durante el allanamiento del domicilio del supuesto espía se encontraron dos contratos por $ 57 mil firmados con esa cartera, pero ninguno de sus funcionarios aportó hasta el momento pruebas concretas del trabajo que James habría realizado en Educación.

Burstein presentó la semana pasada un escrito en el juzgado de Oyarbide en el que solicitó que esa causa fuese remitida allí por conexidad. La presentación pide además que se cite a declaración indagatoria al ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, al considerar que los contratos firmados entre James y la cartera habrían funcionado como supuestos pagos escondidos de tareas de espionaje.

Por otro lado, personal del juzgado de Oyarbide y de la Policía Federal estuvieron ayer a la tarde en la sede de la AMIA para verificar el estado de los teléfonos, luego de que el fiscal especial de la AMIA, Alberto Nisman, detectara una serie de llamados realizados por James a la mutual judía.