Oyarbide oral y público

El juez federal Norberto Oyarbide evitó ayer referirse a una posible citación indagatoria al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por la causa de las escuchas ilegales, y centró el foco en la posible destitución de los dos jueces misioneros implicados en el caso.

El magistrado, quien había señalado en enero que evaluaba citar a Macri y a su ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, explicó que está «recibiendo las transcripciones de las escuchas y revisando las actuaciones de los jueces de Posadas para eventualmente ordenar la remoción de los magistrados y poder hacerlos comparecer».

«Las secretarias de los jueces están procesadas por asociación ilícita y los magistrados sólo suspendidos», precisó Oyarbide en referencia a los jueces de instrucción de Misiones Horacio Gallardo y José Luis Rey, quienes desde 2005 ordenaron supuesta intervenciones ilegales a los teléfonos del empresario Carlos Ávila; de Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA; y del cuñado de Macri, Néstor Leonardo, entre otras víctimas.

Oyarbide ya había pedido la destitución de estos dos magistrados ante el Consejo de la Magistratura de Misiones, ante su negativa de presentarse a declaración indagatoria. Esta solicitud fue rechazada porque el juez federal no es ciudadano de esa provincia.

Sin embargo, el máximo tribunal de Justicia de Misiones inició una investigación sobre el caso, a partir de la que suspendió provisoriamente a Gallardo y a Rey por 60 días. El viernes pasado se cumplió el plazo de la suspensión. Ahora el tribunal deberá definir si extiende la medida o se pronuncia sobre el posible mal desempeño de los magistrados. Por otro lado, Oyarbide señaló que no descartaba citar al ahora ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, a raíz de la denuncia por presunto mal desempeño de los deberes de funcionario público que el Gobierno presentó en su contra. La denuncia fue presentada por el entonces procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, quien fue separado de su cargo la semana pasada, luego de los embates judiciales que sufrió el kirchnerismo por el uso de las reservas del Banco Central para la creación del Fondo del Bicentenario.

En este marco, el juez apuntó al dictamen de la Comisión Bicameral que hoy informará sobre su posición respecto al DNU que removió a Redrado -suspendido por la Justicia-. «Toma mucho interés la resolución de la Bicameral. Es un elemento de extremo valor para las investigaciones», subrayó Oyarbide.

La respuesta de la Comisión no se hizo esperar. El vicepresidente Julio Cobos y los diputados de la CC y del FpV, Alfonso Prat Gay y Gustavo Marconato, respectivamente, aclararon a través de un comunicado que la actuación de la comisión «es de naturaleza política, ajena a toda función judicial. El procedimiento seguido no es un juicio político». Agregaron que su dictamen «no es pasible de ser revisado judicialmente, ni de ser objeto de recursos administrativos», ya que se limita a ser «un consejo previo de carácter político sobre la remoción o no de un funcionario».