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Pacto democrático prevé sanciones
Su puesta en práctica habilitaría una serie de sanciones, como la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos e instancias de la Unasur, así como del goce de los derechos y beneficios conforme al Tratado Constitutivo (art. 4º). Instruye además el cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión y/o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de energía, servicios, suministros y combustible. También, impulsar, ante terceros países y/o bloques regionales, la suspensión de los derechos y/o beneficios del Estado afectado. Estas sanciones adicionales al Tratado de Unasur tuvo su origen en el golpe de Estado que derrocó al presidente de Honduras Manuel Zelaya, en junio de 2009, y se lo conoce como Protocolo Ushuaia II.


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