"Como consecuencia de la mayor dureza de la política monetaria y la ausencia hasta finales del año de aumentos tarifarios importantes, la inflación descenderá sustancialmente, pero terminaría el año alrededor del 21%". Así lo afirmó Daniel Artana, economista de la Fundación FIEL al publicar el artículo "Los interrogantes para 2018". Además, consideró que "se consolidará la recuperación de la actividad económica, pero a tasas bajas, cerrando el año alrededor del 2,5%". A continuación, los puntos salientes del reporte:
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Las Lebac más los Pases netos han aumentado desde finales de 2015 hasta mediados de mayo en un monto que duplica el aumento en las reservas netas del BCRA. Esa relación se mantuvo en lo que va de 2017, pero estaría mejorando en los últimos meses. Pero hay dos problemas centrales: por un lado, la compensación futura de las pérdidas por el "carry trade" que sufre el BCRA es políticamente menos viable (y probable) cuanto mayor sea la depreciación futura del tipo de cambio que se necesita para balancear la cuenta. Por otro lado, en la transición, el BCRA paga primero el costo cuasifiscal que supuestamente recuperará en el futuro y ello puede dar lugar a críticas y presiones que pueden limitar sus decisiones.
El gobierno ha anunciado que pretende reducir la inflación 5 puntos en 2018 (que serían 9 puntos, si el objetivo se mantiene respecto del techo de la banda de este año) y mejorar el resultado primario en un punto del PBI. Lograr ambos objetivos requiere de esfuerzos importantes.
En la lucha contra la inflación, los ajustes de precios relativos importantes tendrán un impacto similar al de este año. Al cronograma anunciado para energía, se sumaría el postergado aumento en el transporte. Pero además, se agrega un problema adicional que es la indexación de los contratos salariales que el propio gobierno impulsó este año para ayudar a lograr sus objetivos de corto plazo, pero complicando la política antiinflacionaria futura.
En materia fiscal, sin reformas estructurales será muy difícil lograr que el gasto no crezca en términos reales. Avanzar en reformas importantes después de las elecciones de medio término no está para nada garantizado, aún dentro de la propia coalición de gobierno.
El exceso de gasto público debe ser corregido. Gradualmente va ganando consenso la idea de que la Argentina tiene hoy un nivel de participación del Estado en la economía que no es sostenible (que la sociedad está dispuesta a financiar con impuestos). Muchos analistas dudan de la conveniencia de iniciar ahora una reducción de impuestos, básicamente por dos razones: el ajuste del gasto complicaría la recuperación de la economía; y una reducción en el gasto estatal tendría consecuencias sociales no deseadas.
La reducción del gasto va de la mano de una reducción en sus fuentes de financiamiento (impuestos, inflación o deuda). No parece haber diferencias importantes entre el "multiplicador" del gasto y el de los impuestos o la inflación. Y en el caso argentino, un menor endeudamiento externo permitiría sostener un tipo de cambio real más alto que le quitaría, al menos parcialmente, el peso que soporta el sector transable de la economía.
Si el gasto es ineficiente y se financia con impuestos que traban al sector más eficiente, reducirlo permite una mejora en la economía de una sola vez. El problema se limita a la transición.
Puede haber ineficiencias cuya corrección tenga "consenso" y otras que lucen más complejas, como mejorar la eficiencia y la focalización de todas las partidas presupuestarias, incluidas las de gasto social.
Si la situación fiscal actual es insostenible en el mediano plazo, postergar su encuadramiento generaría un problema de expectativas que puede impactar negativamente en el proceso de financiamiento externo y de inversión.
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