• PROCESARON AL FISCAL GENERAL DE SAN ISIDRO La jueza federal Sandra Arroyo Salgado tiene semiplena prueba de las irregularidades que también involucran a sus adjuntos. Carrió festeja.
"Presunto encubrimiento" a una red de narcotraficantes colombianos vinculados al doble crimen de Unicenter fue la seria acusación con la que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, sustentó el procesamiento de Julio Novo, el fiscal general de ese distrito. En el auto, la magistrada también dispuso procesar a los adjuntos Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani, y a sus secretarias Melisa Rey y Mariana Busse.
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Según la acusación de Fernando Domínguez, Novo y sus funcionarios de confianza quisieron entorpecer la misión del fiscal Luis Angelini, que investigaba desde 2008 los crímenes de tres colombianos, para que no pudiera conectar los asesinatos con una organización criminal destinada a traficar cocaína. Angelini encontró una conexión de los supuestos sicarios con el argentino Gustavo Juliá, dueño de una empresa de aviones privados. Todavía no había estallado el escándalo que vincularía a Juliá con el tráfico de cocaína. En enero de 2011, él y su hermano cayeron presos en España intentando ingresar casi una tonelada de droga en uno de sus aviones. Angelini y su colega Diego Grau establecieron vínculos de los supuestos sicarios con teléfonos de la firma Federal Aviation, propiedad de los Juliá. Cuando los fiscales pidieron allanar la firma, el juez de la causa, Esteban Rossignoli, se los negó en dos oportunidades. También había llegado a la empresa Madero Office Center SRL, que quedaría vinculada al tráfico de efedrina y el triple crimen de General Rodríguez. Para el fiscal Domínguez, desde ese momento comenzaron las trabas del fiscal general Novo a la investigación de los crímenes.
Novo sumarió varias veces al fiscal Angelini, le sacó su despacho personal y lo dejó sin computadora. En 2012 lo apartó de la fiscalía de San Fernando y lo trasladó a San Isidro.
"Gran triunfo sobre la justicia corrupta de la provincia de Buenos Aires", celebró Elisa Carrió, diputada de la CC-ARI, quien desde hace seis años viene denunciando y haciendo presentaciones contra Novo. En su pedido de juicio político, presentado en 2010, Carrió fue tajante: "A pesar de la gravedad de los hechos, Novo no sólo no brindó el apoyo mínimo necesario para el éxito de pesquisas de esa complejidad, ni impulsó los actos procesales de su competencia, sino que los fiscales a cargo de la investigación sufrieron innumerables situaciones de abuso de poder y obstrucción de su labor por parte de sus superiores jerárquicos".
En diálogo con Ámbito Financiero, una de las procesadas -la abogada Mariana Busse- sostuvo que se enteró de la noticia "por los medios" y consideró la resolución judicial como "una fábula poco seria". Busse es la esposa de Carlos Broitman, abogado de varios procesados célebres por narcotráfico como Henry de Jesús López Londoño (alias Mi Sangre), Ignacio Álvarez Meyendorff y Esteban Pérez Corradi, quien denunció a la jueza de San Isidro por haberle pedido 500 mil dólares para liberarlo. Broitman atribuyó el procesamiento a un supuesto encono de Arroyo Salgado hacia su persona, por haber sido el patrocinante de Pérez Corradi en esta demanda.
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