De no mediar ninguna sorpresa, el Gobierno nacional habrá superado el escollo de la feria judicial y evitará que se discuta durante enero la validez de la reforma previsional, objetada en múltiples presentaciones que buscan que se la declare inconstitucional. El juez del fuero de la Seguridad Social Walter Carnota sepultó el pedido de apertura de feria en uno de los amparos que aún seguían en carrera, iniciado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Con esta decisión, no habrá resoluciones judiciales antes de mediados del mes próximo y la mayoría de los expedientes -de carácter colectivo- quedarán bajo la órbita del juez Fernando Strasser. Con el actual sistema para las medidas cautelares, la ANSES podrá apelar y mantener en suspenso una eventual sentencia adversa, con lo que la modificación en el cálculo de las jubilaciones tendrá impacto en los haberes que se paguen en marzo.
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Carnota -juez de turno durante enero- aseguró que no se cumplían los "supuestos de verdadera y comprobada urgencia" como para que se habilite el receso judicial. Basado en jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones del fuero, el magistrado justificó que son excepcionales los casos en los que se debe fallar y que no depende del "interés particular del litigante ni de la sola demora que trae la paralización de la actividad judicial". Que el derecho se vea frustrado o se produzca un daño irreparable fueron los requisitos que recordó para concluir que la Ley N°27.426 del nuevo índice de movilidad jubilatoria "no ha sido concretamente aplicada a los actores", por lo que "el agravio esgrimido resulta técnicamente prematuro". ATE había apuntado en su demanda contra la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, y argumentó que fueron vulnerados los derechos patrimoniales y alimentarios de 18 millones de empleados con la reforma. Era uno de los amparos de carácter colectivo mejor perfilados para prosperar, incluso con la opinión del fiscal Gabriel De Vedia a favor de la apertura de la feria. Sin embargo, ahora deberá aguardar que se retome la actividad, lo mismo que ocurrió en Mar del Plata y La Plata con presentaciones similares, y con todas las acciones colectivas (con mayor nivel de representación) que quedaron centralizadas en el juzgado a cargo de Strasser, en una jugada habilitada por la propia ANSES que conduce Emilio Basavilbaso. La Casa Rosada estaba monitoreando de cerca lo que pudiera ocurrir durante el receso.
Como informó Ámbito Financiero, la otra demanda que aspiraba a romper el cerco de la feria era la interpuesta por el experto previsionalista y abogado de Cristina de Kirchner, Miguel Ángel Fernández Pastor. Incluía una medida cautelar para frenar de inmediato la vigencia de la nueva norma y había escapado a la unificación del resto de las causas, por haber logrado apartar a Strasser de su instrucción. Pese a todo, continuaba sin dictamen fiscal dado que De Vedia consideró que debía excusarse bajo el argumento de que había impulsado una demanda del propio Fernández Pastor en la unidad fiscal por delitos contra la Seguridad Social que comanda. El expediente fue a parar a manos de un fiscal subrogante, pero del fuero laboral: Javier Fernández Madrid. Más allá de que no sea vinculante con la decisión final, la apertura o no de la feria la sentenciará el propio Carnota, quien ya dio indicios de que no considerará que los demandantes corran riesgos si esperan a que la actividad de tribunales se revitalice.
Con esta cadena de decisiones, el Ejecutivo respira y enfoca los cañones a la batalla que vendrá: el capítulo judicial de la reforma todavía no comenzó a escribirse y tendrá como estación final la Corte Suprema.
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