Pelea en el Gobierno por tarjetas para colectivos

Ricardo Jaime

Ayer surgió a la superficie la sorda lucha entre el Banco Nación y la Secretaría de Transporte por el control del SUBE, la tarjeta omnipresente que debería reemplazar a las monedas en el pago de todos los medios de transporte del área metropolitana.

La distancia entre la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont y el organismo que encabeza el polémico Ricardo Jaime era un hecho conocido en el mercado financiero, pero ayer ambas ramas del Gobierno decidieron «blanquear» la pelea en declaraciones periodísticas.

Así, Jaime abrió el fuego asegurando que el SUBE estará listo para el 22 de junio, tras conocerse la semana pasada que el sistema ni siquiera había sido licitado. Apenas horas después Silvia Traverso, directora de Nación Servicios, lo cruzó duramente: «Como se trata de un proyecto de alta complejidad, lanzar una fecha para decir cuándo es la puesta en marcha sería un poco atrevido». Estaba ni más ni menos que calificando de «atrevido» al propio Jaime.

Cabe recordar que la presidente Cristina de Kirchner, por la misma época que anunció los planes heladera, lavarropas y canje de bicicletas, prometió que el sistema estaría listo en sesenta días. Ese plazo se cumplió, sin novedades.

La pelea Nación-Transporte no es por darle mayor eficiencia a este sistema único de pago para transportes urbanos, sino por el control de esa caja que pocos se atreven a cuantificar. También estaría en el medio una poderosa empresa cordobesa, «amiga» de los Kirchner, que aspiraría a quedarse con el negocio de la provisión de los plásticos, la tecnología y a compartir el clearing.

En este marco, hace algunas semanas directores del Nación convocaron a altos ejecutivos del sistema financiero, más representantes de ABA y ADEBA. Allí se les notificó que las entidades privadas quedaban excluidas del SUBE; algunos se atrevieron a argumentar que los bancos privados tenían el «know how» y las máquinas (cajeros automáticos) para optimizar la carga de las tarjetas de pago, que el clearing para ellos no tenía secretos y otras razones de peso. No sirvió de nada: se fueron del encuentro con la certeza de que no participarán en la instrumentación o en la operación del SUBE.

Tampoco el grupo Roggio (que opera las tarjetas Metrocard y Monedero, con una tecnología apta para ser aplicada en el SUBE, y ya lista para usar) fue convocado, se dice que es por la distancia que mantiene con otra empresa cordobesa «amiga» de Néstor Kirchner. De hecho, en algún momento se les informó que iban a tener que retirar los lectores de la tarjeta Monedero de las estaciones del subte y del ferrocarril Urquiza, de los que son concesionarios. Una ardua negociación con gente del Ministerio de Planificación logró dar marcha atrás con la medida. El mismo Jaime declaró ayer que el mecanismo que se instalará será compatible con los sistemas de tarjeta que ya están en funcionamiento.

Entonces, si no hay SUBE, la gran pregunta es ¿por qué el Gobierno no les hace la vida más sencilla a los habitantes del área metropolitana con el simple trámite de fabricar monedas? El trámite parece no ser tan sencillo: esas monedas deberían ser acuñadas en la Casa de la Moneda, cuya maquinaria estaría en un grave grado de obsolescencia, sumado a la falta de mantenimiento que se remonta a casi una década. Según averiguó este diario, hubo una licitación para la confección de monedas, pero la adjudicación se demoró tanto que las cotizaciones quedaron desactualizadas, ante la baja de las materias primas.

De hecho, bancos privados habrían consultado a los bancos centrales del mundo cuántas monedas por año se acuñan en sus territorios para compensar pérdidas, destrucción, inflación, nuevos usos para el metálico...

Desde el Banco de Europa les respondieron con una simpleza demoledora: «Las que hagan falta». Otros, como el brasileño o el chileno, habrían dado cifras más que razonables. En la Argentina -basta revisar los bolsillos para comprobarlo- recién ahora están apareciendo monedas hechas en 2009, pero la inmensa mayoría datan -como viejas- de 2002.

Mientras tanto, quienes no parecen tener ningún apuro para que se ponga en marcha la nueva tecnología son las empresas de transporte automotor: es un secreto a voces que ninguna quiere compartir datos clave como recaudación, número de pasajeros, frecuencias recorridas, etc. Que algún empresario está ocultando el monto de sus ingresos para evadir impuestos es algo que hasta la fecha no ha sido comprobado por la AFIP.

S.D.